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blog de México Infórmate
Por Francisco Cuamea*
La relación ciudadano-gobierno revela hilos de poder
manejados por unos cuantos que son como una pesada
sombra patrimonialista y que oscurecen demasiados
puntos de la geografía nacional.
Un sinaloense tiene que pelear en instancias judiciales
por los estados de cuenta de aportaciones ciudadanas
para pavimentación que un municipio le negó.
En Veracruz pretenden eliminar que las resoluciones
del Instituto de Acceso a la Información de dicha entidad
sean definitivas y obligatorias para los sujetos obligados.
Las reformas a leyes de transparencia son aplazadas
tanto en la Cámara de Diputados, como en el Congreso
de Puebla, por ejemplo.
Información sobre fideicomisos ha sido negada
de manera reiterada por la dependencia pública
que resguarda la información.
La lista es larga y se extiende por distintos puntos
del territorio nacional, cuyo común denominador
es la opacidad gubernamental, aunque haya sus excepciones.
¿Cómo interpretar o entender que a más de 10 años
de que en el país se abrió la puerta a leyes de transparencia
y acceso a la información permanezcan las inercias opuestas
y continúen como instrumento de discurso?
La democracia se practica, no se dice. El vía crucis ciudadano
para defender su derecho a saber es un efecto del ejercicio
de poder que aún impera en México, el cual no tiene como
premisa el respeto a los derechos humanos, entre ellos,
el del acceso a la información, como lo establece
el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuando la apertura informativa es obstruida, negada, postergada
y complicada, el Estado no sólo revela el sentido patrimonialista
sobre los datos públicos, sino que además no intenta legitimarse
con la verdad. Si no sigue este camino, entonces quiere decir
que encuentra sus justificaciones en otra parte.
La historia moderna del país cuenta con suficientes hechos
como para asegurar que por décadas el Estado buscó
sostenerse por la fuerza y el miedo, no por el derecho,
que era siervo del poder.
Para el filósofo mexicano, Juan Federico Arriola, la libertad
de información es uno de los pilares de un gobierno legítimo.
“Cuando los gobiernos desvirtúan los hechos o callan deliberadamente,
están violando el derecho humano a saber la Verdad.
Gobiernos mentirosos difícilmente podrán ser aceptados
como legítimos. Legitimidad y Verdad forman un binomio
necesario para el Estado de Derecho (Teoría General de la Dictadura.
Juan Federico Arriola Cantero. Páginas 30 y 31. Trillas)”.
El acto de esconder la verdad está enraizado en la cultura política
del país, aunque de a poco van surgiendo algunos funcionarios
que tratan de hacer la diferencia.
Sin embargo, la opacidad todavía es la norma, al grado de que
Jacqueline Peschard insistió en entrevista del 15 de mayo
que el acceso a la información pública es un derecho
de los ciudadanos no de las dependencias del Estado.
De acuerdo al boletín IFAI/060/11 del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, la comisionada presidenta
se dijo sorprendida de que dentro de las dependencias y entidades
gubernamentales se esté formulando la pregunta:
“¿Cómo me voy a defender?” de las resoluciones del instituto,
ante las reformas a la ley de Transparencia atoradas en la Cámara de Diputados.
“¿Defender de qué?”, preguntó Peschard, “si es una obligación
que tenemos los funcionarios públicos de entregar la información
y rendir cuentas. La ley lo dice clarísimo, la Constitución dice en su
artículo sexto que la información en manos de todos los entes públicos,
en todos los niveles de gobierno, es pública; no es de los servidores
públicos; no es algo mío que, como funcionario, tenga que defender
y buscar una fórmula para defenderla. Es una información que nosotros
sólo resguardamos. La dueña de la información es la población para
la cual se gobierna”, expuso.
Toda relación es tensión, pero en el caso de ciudadanos y sus gobiernos
la lucha es desproporcionada y los titulares del derecho a la información
frecuentemente sufren el mayor desgaste.
Los ciudadanos no están contentos con el trato que se les da y la legitimidad
de las instituciones públicas, nos referimos a aquella que se sostiene
en la credibilidad, está estancada en el sótano.
De acuerdo con el más reciente estudio Economía, Gobierno
y Política de Consulta Mitofsky (www.consulta.mx), las instituciones
que promedian menor confianza, debajo de 6.7 puntos,
son el Instituto Electoral, la Suprema Corte de Justicia,
el Presidente de la República, los senadores, la policía,
los diputados, los sindicatos y los partidos políticos.
Son instituciones cuya materia son el arribo y ejercicio del poder,
así como seguridad y justicia, todos conceptos sustanciales
del Estado democrático.
Una lectura de ello es, precisamente, que los ciudadanos no perciben
que los organismos del Estado trabajen a su favor. No hay justicia,
ni seguridad ni el poder es para servir al soberano. Si no es así,
entonces es que persiguen intereses de unos cuantos.
Situación que se constata por esa “preocupación” que describe Peschard
de quienes integran las dependencias y entidades gubernamentales:
“¿Cómo me voy a defender? de las resoluciones del IFAI”.
Tal es el diagnóstico del poder en México. Una minoría empoderada
dirige el Estado y su sentido de que lo público le pertenece
no ha sido desterrado.
Cuando la transparencia, el acceso a la información
y la rendición de cuentas funcionen con tanta naturalidad
que ya no sea tema de discusión, estaremos hablando
entonces de un país que practica la democracia
y en el que la libertad y el respeto a los derechos
humanos es la premisa del ejercicio del poder.
La pesada sombra del patrimonialismo
habrá desaparecido.
Sigamos peleando.
*Director de Iniciativa Sinaloa, A. C. iniciativasinaloa@gmail.com.
