jueves, 17 de febrero de 2011

"Ahora cualquier pendejo mata"


Francisco Cuamea
Publicado en el semanario Ríodoce el 13 de febrero

En algún punto entre San Pedro Garza y el aeropuerto de Monterrey, Xóchitl Gálvez Ruiz exclama casi con impotencia: “¡Ahora cualquier pendejo mata!”.

Va en el taxi que la conduce a su vuelo hacia la Ciudad de México. El vehículo es conducido a 120 kilómetros por hora por un coahuilense de 60 años.

El resto de los conductores se enfila a su trabajo, a su casa, a cualquier parte sin que les sea posible escuchar a Xóchitl, la de ascendencia otomí, la que formó parte del gabinete de Vicente Fox, cuando dice que la impunidad y la corrupción son la causa de la violencia extrema de este país.

El taxista sí puede escuchar la charla. Lo hace discretamente. Oye cuando la ex candidata al Gobierno de Hidalgo en las elecciones del año pasado acusa que la situación empeoró cuando la clase política se asoció con el narco.

“Yo creo que la pobreza no es lo que genera la violencia. Lo que genera la violencia generalmente es la impunidad”, rebate la tesis contraria.

Gálvez Ruiz asistió el miércoles 26 de enero a San Pedro Garza García para participar en una mesa de trabajo en la que se delinearon estrategias para presionar la aprobación de las candidaturas independientes.

Convocada por Evolución Mexicana, a la reunión asistieron 27 Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas y Sinaloa, entre otros.

“Es un derecho ciudadano, es un derecho humano fundamental el que una persona pueda votar y ser votada, y hoy eso no es una realidad. Porque hoy solo si perteneces a un partido político o si se le antoja a un partido político hacerte su candidata o candidato lo puedes ser”, expone.

El taxi pasa por el Parque Fundidora. Se ha perdido de vista el Cerro de la Silla.

“Hay una descomposición brutal del país”

Los usos y costumbres obligaban a Xóchitl a casarse a los 16 años. Ella no quiso eso para ella y escapó de su pueblo Tepatepec rumbo a la Ciudad de México, rebelándose contra la despersonalización que le imponía su cultura.

La primera noche en la capital del país durmió en la central de autobuses y, al siguiente día, comenzó la aventura que a lo largo de casi 32 años la ha llevado a la fundación de su propia firma de consultoría High Tech Services, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología como edificios y áreas inteligentes, proyectos de ahorro de energía, automatización de procesos y telecomunicaciones.

Durante ese trayecto también ha sido directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la administración foxista, así como la primera mujer mexicana en ser reconocida por el Foro Económico de Davos, en Suiza, como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo.

Pero principalmente, Gálvez Ruiz es conocida por ser una zistemä, una rebelde, como se diría en lengua hñähñu.

Ahora, mientras se dirige al Aeropuerto de Monterrey, comparte un diagnóstico del país nada apto para optimistas.

“Hay una descomposición brutal del país, ese es mi diagnóstico; no sé por dónde empezar a corregirlo”, asevera.

Para la ingeniera en Computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el presente del país tiene qué ver con cosas que se hicieron muy mal en el pasado.

“Fuimos un país extremadamente permisivo en el tema de la corrupción. Pensamos que se roba, pero salpica; a mí no me den, póngame donde hay. Era algo que no pasaba nada”, describe.

“Lo que hizo grave esta corrupción al grado de la violencia que estamos viviendo en este momento, tiene que ver cuando la clase política se asocia con el narco. No sólo era que se robaran el 10 por ciento de la obra pública, el problema es cuando ya se vuelven cómplices del narco y son parte del gran negocio que implica el narco”.

Ve responsabilidad en una parte de la clase empresarial, pues permitió la descomposición mientras recibía beneficios.

Piensa que ante ese escenario el priismo no hizo los cambios necesarios para castigar y empezó a crecer la enorme impunidad.

“La impunidad fue lo que más grave se volvió en el país; entonces, la gente dijo: matar, no pasa nada. No te agarran no te meten a la cárcel, y ahora cualquier pendejo mata so pretexto del narco, y yo te aseguro que la mayor parte de crímenes no tiene nada qué ver con el narco, pero ante esos niveles de impunidad a la gente se le hizo fácil delinquir”, expresa.

Las consecuencias de las omisiones del pasado en el diagnóstico de Gálvez Ruiz son un presente con una escalada de violencia que nadie contiene porque hay policías corruptas, porque al Gobierno federal no le alcanzan los elementos de la Policía Federal para cubrir todos los frentes.

“Estamos gastando miles de millones de pesos en seguridad que podríamos estar gastando en política social; yo veo al PRI con una ambición desmedida de volver, y que no le importa a costa de qué, no le importa si es con despensa, no le importa si es comprando el voto, no le importa si es sobornando a las televisoras, pagando dinero público a las televisoras”, expone y respira profundamente para tomar aire.

—La clase política está corrupta, infiltrada por el narcotráfico, ¿qué opinión tiene?
—Yo pienso que la manera como hoy se ganan las campañas, a base de recursos económicos, se presta a que si no hay dinero del narco haya dinero de empresarios que a cambio de obra pública coaccionan a los gobernadores, pero sí creo que un problema grave es que el dinero se ha convertido en un factor fundamental del triunfo, ante eso creo que cualquier pendejo que tenga dinero nos va a gobernar.

Frustración por una felicidad material

Xóchitl Gálvez proviene de una familia pobre del Valle del Mezquital en Hidalgo.

Luego del éxito profesional, creó en 1995 la Fundación Porvenir, cuyo objetivo es combatir la desnutrición materno-infantil de los grupos indígenas de México.

Ello le valió que en 1999 haya obtenido el Reconocimiento al Compromiso con los Demás, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía.

Quizá por eso habla con seguridad cuando se abordan temas como el dinero, pobreza o violencia

—En este país el dinero tiene que ver con dos problemas muy importantes: la falta de dinero tiene que ver con la violencia y la ambición desmedida tiene que ver con la corrupción y la violencia, ¿no lo ve así?
—Yo vengo de una familia de muy escasos recursos, pero nunca te planteaste ni por equivocación hacerte de dinero mal habido. Había una estructura de principios y de valores éticos en la comunidad donde nadie veía mal vivir con lo necesario, nadie se preocupaba si su casa era de adobe, o si su casa era humilde o si sus hijos solo tenían un par de zapatos.

Yo creo que más bien, esta visión de la felicidad que nos han querido vender, tiene que ver con la posesión de cosas materiales y ahí ya viene una bronca porque entonces, cuando jóvenes de áreas marginadas se dan cuenta que no pueden poseer eso que llamamos bienestar, eso que llamamos felicidad, que es tener un coche del año, vestir ropa tal, o traer un celular, o traer tal cosa, pues entonces viene la disyuntiva de obtenerlo de manera fácil, porque hemos roto un código de valores.

Si nuestros políticos roban y nadie les dice nada, pues entonces con qué autoridad moral imponen la ética en sus comunidades.

“Entonces, yo creo que el problema grave que tenemos es la falta de autoridad moral en nuestra clase política”, asienta.

Ante su diagnóstico ve luz. Cree que lo que en este país se requiere es retomar el camino. Apostarle a la educación, a los valores cívicos.

“Pero eso tiene que pasar por una clase política que se conduzca con ética”, acota.

—¿Y usted se considera ciudadana o política?
—Yo me considero una ciudadana que hace política. En general, los ciudadanos hacemos política. Lo que no me considero es una política que viva de la política. Yo tengo mi propia empresa de ingeniería y de construcción en la Ciudad de México, y ese es mi modus vivendi.

Impunidad causa violencia

Durante su campaña a la gubernatura de Hidalgo del año pasado, Gálvez Ruiz sufrió dos amenazas, presuntamente del crimen organizado.

“Ya bájele”, le mandaron decir una vez a través de una persona de su equipo y la otra por un mensaje escrito.

Incluso, en junio de 2010, decidió sacar de Hidalgo a sus dos hijos y familiares cercanos, tras sospechar de un intento de secuestro contra una tía.

—Hay dos tesis en este país sobre el origen de la violencia, la pobreza y la otra, la impunidad y corrupción.
—Yo creo que la pobreza no es lo que genera la violencia. Lo que genera la violencia generalmente es la impunidad. Y obviamente la pobreza puede ser un caldo de cultivo para que los pobres se involucren en actividades ilícitas, pero generalmente no son los violentos.

Sí es factible que en una comunidad indígena de la montaña de Guerrero se cultive amapola, y que llegue el Ejército y detenga a tres, cuatro indígenas que cortaban amapola, cuando ellos lo que hacían era una forma de ingreso que no se los da nadie, de subsistencia, y que desafortunadamente son los que van a ir a la cárcel y a los verdaderos narcotraficantes jamás los van a tocar.

“No la justifico”, aclara, “pero muchas veces la necesidad de estas personas hacen que caigan en actividades delictivas; sé de muchos casos de mujeres que han sido contratadas como burreras, por ganarse mil, dos mil pesos para darle de comer a sus hijos y que ni siquiera saben qué tipo de encargo están llevando”.

La pobreza es, para Gálvez Ruiz, un tema que debe estar en la agenda de la clase política y de la empresarial. Por ética.

En su agenda está involucrarse en causas ciudadanas, como la lucha por las candidaturas independientes y el Aeropuerto de Monterrey, que ya está cerca.

Compra alterada

Francisco Cuamea
Publicado en el semanario Ríodoce el 7 de febrero de 2011

La seguridad pública fue el pretexto para que Malova urgiera al gobierno saliente a comprar nuevas patrullas y para que la administración de Jesús Aguilar Padilla acelerara la maquinaria para adquirir 90 unidades equipadas a Leonardo el Nalo Félix por un monto de 50 millones 899 mil 207 pesos.

Y también, con esa “premisa”, el Comité Intersecretarial del Gobierno del Estado decidió no licitar la compra, ni tampoco realizar el procedimiento de invitación a tres proveedores, como dijera Armando Villarreal Ibarra, actual secretario de Administración y Finanzas, sino determinar que de manera directa se adquirieran las 90 patrullas al “padre empresarial” de Malova.

“La prioridad que para el gobierno del licenciado Mario López Valdez tiene el orden público y a su compromiso de campaña el de establecer desde el inicio de su gobierno un cambio en las estrategias y técnicas de operación de las corporaciones de seguridad pública, por lo que se propone un proyecto de equipamiento para las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”, consta en el acta de la sesión 06/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado con fecha del 28 de diciembre, entregada finalmente a Ríodoce por la SAyF el 4 de febrero como parte del expediente del procedimiento de adquisición.

“La adquisición de los vehículos y el equipamiento señalado pretende proporcionar medios más seguros para atender de manera eficaz los operativos, mejorando la capacidad de respuesta e incremento de patrullaje para disuadir la incidencia”.

“Que estas adquisiciones son prioritarias, ya que con ellas reduce el déficit existente y se logra sustituir el parque vehicular que tiene seis años y más en uso y que su mantenimiento es muy costoso, por ello es urgente que a más tardar el 31 de diciembre del presente año se concluya el proceso de adquisición”.

El acta del Comité Intersecretarial de Adquisiciones cita así la minuta de trabajo del proceso de entrega-recepción, realizada el 6 de diciembre, en la que participaron Gerardo Vargas Landeros y Armando

Villarreal, representantes del entonces gobernador electo, y Quirino Ordaz Coppel, secretario de Administración y Finanzas, e Ismael Carreón Ruelas, director de Bienes y Suministros de la SAyF, por parte del gobierno saliente.

Adquisición directa para “no alterar el orden”

De acuerdo con el acta de la sesión 06/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado, sus integrantes decidieron realizar la adquisición directa a favor del Nalo Félix, justificándose en los artículos 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones.

“La Secretaría y entidades —reza el artículo 51—, previa autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.

“Su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

El expediente en poder de Ríodoce incluye cuatro cotizaciones que al parecer analizó el Comité Intersecretarial para tomar una decisión, la cual al final fue a favor de Culiacán Motors, del Nalo Félix, por proponer mejor precio y tiempo de entrega.

El Comité Intersecretarial de Adquisiciones del gobierno saliente estaba conformado por Quirino Ordaz Coppel, ex titular de la SAyF; Rafael Oceguera Ramos, ex secretario de gobierno; Rubén Rocha Moya, ex coordinador de asesores; Pedro Estrella Robles, ex secretario de Contraloría; Natividad Madrid Uriarte, ex secretario de Asuntos Jurídicos, e Ismael Carreón Ruelas, ex director de Bienes y Suministros.

Todo el proceso comenzó el 6 de diciembre del año pasado con el llamado “urgente” de Malova y concluyó el 30 de enero con la firma de contrato con Culiacán Motors.


«Sobraba dinero»: Yamuni

Norma Sánchez

Que el Gobierno de Sinaloa haya otorgado la orden de compra de poco más de 54 millones de pesos al padre empresarial del gobernador es “mera coincidencia”: “Había un subejercicio de recursos, urgían las patrullas y Nalo Félix, el proveedor, cumplía todos los requisitos”, insiste en entrevista Juan Pablo Yamuni, jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

—¿Qué facultades legales tuvo el Gobierno para dar esta orden de compra sin que mediara una licitación?

(Yamuni interrumpe)

—No, ahorita no te lo puedo decir, no tengo a la mano el expediente. El caso es que es un asunto de seguridad, la premura del tiempo lo urgía, incluso se justificaba. Fue algo tratado con el Consejo de Seguridad Estatal, y la premura del tiempo permitió que se hiciera la licitación por invitación y se pidieron por lo menos tres proveedores, y creo que hubo hasta cuatro.

—El asunto aquí es que coincide en que la compra se le da al “padre empresarial” del gobernador Malova.
—Sí, pero Sinaloa es muy pequeño. Finalmente, ¿cuántos distribuidores de automóviles hay, y de ese tipo de automóviles?

—Pocos.
—Sí, son pocos. De hecho esa es una de mis labores, asegurarme de que no sea el negocio de una persona específica (la que se beneficie por la persona), sino que no se dañe el patrimonio del estado por ese tipo de relaciones, y esa es una de las principales encomiendas del gobernador hacia mí.

—¿Y no sucedió en este caso? (que se haya beneficiado intencionalmente al proveedor)
—No, no. Ve la información. La empresa Félix… (titubea) Culiacán Motors, cumplió con los requisitos.

—Pero, ¿por qué la premura?
—Porque los recursos estaban, había un subejercicio y necesitábamos las patrullas ya, empezar el sexenio con ellas.

Padrino caro

Francisco Cuamea
Publicado en el semanario Ríodoce el 23 de enero de 2011

Una idea durante el periodo de transición se convertirá en un ingreso de 50 millones 899 mil pesos para el “padre empresarial” del gobernador Mario López Valdez, Leonardo el Nalo Félix Gutiérrez.

A inicio de noviembre, Armando Villarreal Ibarra y Gerardo Vargas Landeros, actuales secretarios de Administración y Finanzas y de Gobierno, expusieron al entonces tesorero estatal Quirino Ordaz Coppel el programa de adquisición de 90 patrullas, argumentando la necesidad de equiparse desde temprano para realizar operativos policiales el mismo enero.

Así lo platicó la terna que conformó el equipo de Entrega-Recepción a finales del año pasado.

“Cuando nosotros vimos la necesidad de equiparnos para desde los primeros días de enero empezar con operativos —cuenta Villarreal Ibarra—, pues platicamos con el equipo de transición del gobernador Aguilar, le dijimos: Oye, traemos esta preocupación, ¿cómo nos puedes echar la mano?, ¿cómo podemos hacer algo?”.

“Y ellos fueron los que nos dijeron: vamos revisando el Fondo (de Aportaciones para la Seguridad Pública), cuánto nos queda, y de ahí vemos para cuánto nos alcanza y los asignamos en ese programa que ustedes van a entrar”.

“Entonces, fue a invitación del Equipo de Transición, pero el que hizo toda la operación y todo el procedimiento de compra fue el gobierno saliente”, expresa el actual tesorero.

Ante la invitación del equipo de Malova, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla hizo la orden de compra para Culiacán Motors, empresa del Nalo, por 90 camionetas Cheyenne ya equipadas, cuyo monto alcanza los 50 millones 899 mil pesos.

En la primera remesa se compraron 25 unidades, de las cuales, al menos 20 fueron enviadas a Mazatlán el domingo 16 de enero para transportar al centenar de elementos de las unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado enviados para participar en operativos en coordinación con el Ejército y la Armada.

Por las primeras 25 unidades Chevrolet, el Gobierno estatal pagó 14 millones 138 mil 611 pesos. Será la actual administración la que tendrá que liquidar 36 millones760 mil 389 pesos por las 65 restantes.

—¿Y ese resto la va a pagar este sexenio? —se le pregunta al Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra.
—Sí, las vamos a pagar nosotros como muchas cuentas que nos dejaron de la administración pasada. Este es uno de ellos (compromisos). Se dejó documentado, se dejó procesado, se dejó, quiero entender legalizado, y hay que cumplirlo. Que coincide que es el “padre empresarial”, pues coincide.

EL PADRE PROVEEDOR

Después de dos días de solicitar e intentar la entrevista, Armando Villarreal Ibarra nos recibe en su despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El librero a su espalda aún tiene pocos libros. Se muestra educado, dado a la conversación y hasta promete que será transparente.

“Apunta mi celular, todavía es de Mochis”, dice quien fue secretario y luego tesorero del Ayuntamiento de Ahome en el trienio de Malova.

Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el tesorero estatal informa sobre el Programa de Adquisición de 90 Patrullas.

—¿Entonces fue por licitación o por invitación?
—Fue por invitación.

—¿Cuántas patrullas se compraron en esta primera remesa?
—En esta primera remesa fue las que echamos a andar, sacamos 25, desconozco cuántas se fueron a Mazatlán.

—El proyecto incluye 90 patrullas, pero no se han comprado las 90 patrullas…
—No, no se han comprado.

—¿Se han comprado 25 nada más?
—Sí, las que nos entregaron ahora hace unos días.

—¿Se las entregaron hoy en enero?
—Así es, exacto.

—¿Esas patrullas cuánto costaron?
—(Con calculadora en mano) Si son 50, 899 (pesos) entre 90 por 25, 14 millones 138 (mil 611 pesos). Ya están equipadas, traen radios de los que usa la Policía, traen su torreta, algunas traen winch (cabrestante), otras traen burreras…

—¿Quién las equipó?
—El mismo proveedor de las patrullas, la invitación era que las tenía que entregar equipadas.

—¿Y quién es el proveedor?

—El proveedor es Félix Automotores… bueno, no; aquí se llama… este…

—¿Culiacán Motors?
—Culiacán Motors, ¿es el que está por la Zapata?

—Sí
—Culiacán Motors, así es.

—¿Entonces a él nada más le van a comprar las 25 patrullas o le van a comprar las 90?

—Sí, la orden de compra le salió por las 90.

—¿Y el total de la orden de compra cuánto es?
—Son 50 millones 899 mil pesos. Ya equipadas.

La historia narrada en chevroletculiacanmotors.com.mx, sitio de Culiacán Motors, establece que la empresa pertenece al grupo cuyo origen común se da en Leonardo Félix Gutiérrez, quien en sus inicios como empresario abrió Ferretería Félix en 1964.

“De aquí se van formando las bases para entrar en el negocio de la distribución de automóviles nuevos, hecho que se concreta en el año de 1986 al obtener la concesión por parte de General Motors para distribuir automóviles inicialmente en las ciudades de Los Mochis y Guasave conformando las empresas Félix Automotores y Félix Automotriz”, consigna la reseña oficial de Culiacán Motors.

“Fue hasta el año de 1998 cuando se da la oportunidad de abrir una nueva concesionaria en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; es en este momento cuando se conforma la concesionaria que actualmente conocemos como Culiacán Motors”.

El Nalo Félix es públicamente reconocido como quien apoyó a Malova para que iniciara su trayectoria como empresario en 1984, cuando fundó las ferreterías Malova.

El mismo gobernador lo ha mencionado en el pasado como su “padre empresarial”. La más reciente fue el 18 de diciembre, durante la comida en Las Lichis, huerta de la familia Salido, propietaria de la cadena El Debate.

“El próximo mandatario de Sinaloa resaltó una vez más la presencia y apoyo de Juan S. Millán y Leonardo Félix, a quienes ha considerado sus padres, el primero en la política y el segundo en el ramo empresarial. También recordó a su padre biológico”, consigna la crónica publicada en el mismo diario.

En entrevista a Noroeste del 29 de diciembre, Félix Gutiérrez advierte sobre las presiones a López Valdez de quienes quieren cobrar la factura.

“Yo creo que muchos quieren cobrar la factura, algunos con buenas intenciones, otros con intenciones de corrupción, no creo que todo sea limpio, no, pero de que tiene ahorita el pobre de Mario (presiones), debe andar con la cabeza así (grande)”, declaró entonces.

Luego de confirmar que el proveedor beneficiado con la orden de compra por medio de invitación y no licitación es Félix Gutiérrez, el tesorero Armando Villarreal Ibarra se deslinda.

—Esta empresa (Culiacán Motors), ¿no es del señor al que le dicen Nalo Félix?
—Sí, sí es de él. Sí, sí es de él.

—¿Y ahí qué se puede explicar, interpretar, comprender, porque es el “padre empresarial” (de Malova)?
—Como tú gustes, no sé, tú eres el periodista, tú eres el que va a hacer la nota. Tú revisa… acuérdate que la compra no la hicimos nosotros, tienes que tomar en cuenta eso. Tú revisa el procedimiento, no creo yo que esté algo mal hecho, y si está, tú te vas a dar cuenta.

Una invitación al margen de la normatividad

“Tú revisa el procedimiento”, reta Villarreal Ibarra.

Ese procedimiento, según el testimonio del Tesorero estatal, es el otorgamiento de una orden de compra por medio de una invitación al “padre empresarial” de Malova para que surta 90 camionetas al Gobierno estatal por un monto unitario de 565 mil 544 pesos.

De entrada, tal mecanismo no pudo revisarse porque el secretario de Administración y Finanzas no entregó la documentación comprobatoria, a pesar de haberse comprometido a ello y de estar obligado a entregarla por estar catalogada como información mínima de oficio en la Ley estatal de Acceso a la Información Pública.

En Sinaloa también existe la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles que regula la contratación, gasto y control en materia de compras, entre otras cosas, por parte de las entidades públicas.

El artículo 25 de dicha legislación crea el Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, el cual tiene como una de sus atribuciones fijar anualmente los montos que aplicarán para la contratación.

Hay tres maneras como el Gobierno puede hacer contrato de compras: mediante licitación pública, por invitación a proveedores o en forma directa a un solo proveedor.

De acuerdo al acta 01/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, los topes de compras por el método de invitación a proveedores fueron fijados de los 800 mil un peso a los 2 millones.

Mientras que las adquisiciones que rebasaron los 2 millones un pesos debieron ser adjudicadas mediante concurso a través de una convocatoria pública.

Sin embargo, aun cuando la erogación por las unidades del Nalo Félix superaron con mucho el tope, tanto los 14.1 millones de pesos que se pagaron por la primera remesa de 25 camionetas, como los 50.8 millones de pesos que suma el total de la operación, esta no fue licitada.

No encuadran, pues, con los topes legales. Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas intenta dar una explicación, aunque insiste en que la operación no estuvo a cargo del actual gobierno.

—Las cantidades arriba de 2 millones de pesos tienen que ser por convocatoria a licitación pública…
—Ahí ellos (la administración de Jesús Aguilar Padilla) encontraron una metodología. Sería irresponsable platicártela, no la conozco. Ellos encontraron una metodología que de acuerdo a la ley, por el tipo de producto, por estrategia de seguridad, por cuestiones… los facultaba hacerlo de esa manera. Yo no creo que el gobierno anterior se haya aventado ese procedimiento de compra rompiendo la ley. Hay que verlo, necesitamos meternos a ese procedimiento.

Para los procedimientos de compra por medio de invitación a cuando menos tres personas, el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones obliga a las dependencias públicas del Estado a difundir ésta a través de Compranet-Sinaloa.

Sin embargo, en una revisión del sitio compranet.gob.mx, en el que se encuentran incluidos los de los estados, no aparece registro de dicho mecanismo para la adquisición de las 90 patrullas, desde el 1 de noviembre de 2010 a la fecha. Tampoco en las ediciones del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa durante el mismo periodo.

En el caso de las empresas del Grupo Félix, solamente aparecen en Compranet, registro oficial sobre procedimientos de adquisiciones y obras públicas, dos contratos de Félix Automotores con la Administración Portuaria Integral de Topolobampo que suman 859 mil 692 pesos, y otro más con Pemex Refinación de 20 mil pesos por el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de servicio.

Culiacán Motors aparece registrado como proveedor del Gobierno, pero sin contratos vigentes.

NO ES JUSTO: VILLARREAL

Durante la charla, Villarreal Ibarra insiste en que el Equipo de Transición de Malova fue el de la idea del Programa de Adquisición de 90 patrullas, pero que el gobierno saliente, el de Aguilar, fue el que hizo toda la operación.

En dicho procedimiento incluye la invitación al proveedor Nalo Félix, el “padre empresarial” de Malova, lo cual califica como coincidencia.
“Como si averiguas para atrás, a lo mejor a ellos le coinciden muchas cosas también, a los que salieron. Porque no es justo que un gobierno nuevo que trae mucha energía, que trae muy buenas cartas de capacidad de trabajo y de honestidad lo estén cuestionando tanto y de los que se fueron nadie habla de ellos”, defiende.

“Yo te digo que estoy en la mejor de las disposiciones, esta operación no nos cuenta a nosotros, nosotros no hemos comprado más que energía eléctrica, gasolina, nómina que pagamos el día 15, es todo lo que hemos comprado”.

TOPES DE LEY

Los topes para las compras fueron fijados el 15 de enero del año pasado por el Comité Intersecretarial de Adquisiciones. El gobierno entrante aún no lo hace.

Montos de compra


Desde Hasta Procedimiento

$0 $40 mil Compra directa
$40 mil 1 $800 mil Cotización de proveedores
$800 mil 1 $2 millones Invitación a proveedores
$2 millones 1 En adelante Licitación pública

Fuente: Acta 01/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.



Va la primera del malovismo…

Esconden información pública

Francisco Cuamea

La Secretaría de Administración y Finanzas dio marcha atrás a la entrega de documentación comprobatoria relacionada a la compra de 90 patrullas a Leonardo Félix Gutiérrez y cuyo monto alcanzó los 50.8 millones de pesos.

Durante la entrevista con el tesorero Armando Villarreal Ibarra se le reiteró en distintas ocasiones la solicitud de documentos que sustentaran su declaración, para conocer los detalles del procedimiento de dicha millonaria adquisición.

—¿Tiene esos datos, el número de la invitación, el detalle de la invitación?
—No los tengo conmigo, pero te los consigo, no hay problema. O ahí en Adquisiciones te lo conseguimos. Yo te doy el mecanismo y ya los datos duros te ayudo a que los tengas.

Al secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Malova se le hizo hincapié que dichos documentos pueden ser pedidos sin que medie solicitud porque la información sobre adquisiciones está catalogada como mínima de oficio, es decir, están obligados por ley a darla a conocer.

“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que esta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga”, cita el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

El artículo 9 de la misma legislación especifica que las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, la información relacionada con obras públicas, compras, proveedores, contrataciones, pólizas de cheques, entre otros documentos.

“Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios”, obliga a entregar al ciudadano el inciso D del mismo artículo.

Villarreal Ibarra encargó a su secretario técnico que consiguiera las copias de los documentos que sustenten la operación en la que se giró la orden de compra por los 50.8 millones para Culiacán Motors, empresa del Nalo Félix.

Tres horas después, vía telefónica, este mismo funcionario informaba que el tesorero pedía que dicha documentación se pidieran por medio de una solicitud, para no “interrumpir los flujos de acceso a la información”.

Se le pidió que por medio de correo electrónico enviara una notificación oficial con la negativa y su exposición de motivos, más el logotipo del Gobierno del Estado.

Al cierre de esta edición no ha sido enviada.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Las cuentas del General

Francisco Cuamea

Texto publicado por el semanario Ríodoce el lunes 13 de diciembre de 2010


CULIACÁN, Sinaloa._ Amanecía en la capital de Durango. Eran las 6:00 horas del 17 de diciembre de 2008. La pareja y sus dos hijos aún dormían en casa de la abuela de ella en la colonia Jardines de Durango.

Ella escuchó ruidos y despertó a su esposo. Temiendo que se tratara de un ladrón, tomó una escopeta que estaba en la habitación mientras que la mujer buscaba ropa para vestirse.

Al abrir la puerta, el padre de familia no se encontró con ningún ladrón, sino que halló en el interior de la casa a cerca de 30 militares con pasamontañas y armados.

La reacción de los soldados fue dispararle. Cayó al suelo. Ella, al momento que escuchó el disparo, vio a su cónyuge que yacía en el piso.

“Ya te mocharon la mano”, le gritó.

En efecto, debido a la gravedad de la lesión que presentaba, a la víctima le amputaron el brazo derecho en el Hospital General de Durango donde fue trasladado por los mismos militares que lo hirieron.

Estos relatos y hechos se desprenden de la recomendación 74/2010 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, apenas el pasado 30 de noviembre, un día antes de que el general Moisés Melo García, quien era el responsable de la plaza de Durango cuando estos hechos ocurrieron, asumiera la comandancia de la Novena Zona Militar.

“El 17 de diciembre de 2008, en la ciudad de Durango, Durango, elementos del Ejército Mexicano, sin contar con orden expedida por autoridad competente, ingresaron al domicilio de V1 e hicieron uso de sus armas de fuego, ocasión en que resultó herido V2, sin que los militares le proporcionaran de manera inmediata atención y cuidados médicos, ya que antes de trasladarlo al Hospital General de esa ciudad, interrogaron a su familia y llevaron a cabo una revisión de todo el inmueble. Debido a la gravedad de la lesión que presentaba V2, le amputaron el brazo derecho en el referido nosocomio”, asienta la recomendación que puede consultarse en http://www.cndh.org.mx/recomen/2010/074.pdf.

“Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH/2/2009/77/Q, esta Comisión Nacional observó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y al trato digno, consistentes en introducirse en un domicilio sin mostrar la orden de cateo, ejercicio indebido de la función pública, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos; actos que derivaron en una omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, detención arbitraria e imputación indebida de hechos”.

Esta recomendación es una de las cuatro que la CNDH emitió por distintos atropellos a los derechos humanos que ocurrieron en Durango durante 2008, prácticamente el primero de los dos años y ochos meses de Melo García en la Décima Zona Militar.

Violaciones como detenciones arbitrarias, retención ilegal, incomunicación y tortura, constan en las recomendaciones 49/2010, 31/2009 y 13/2009.

270 quejas en la CEDH de Durango

A su paso por Durango, el comando del general Moisés Melo García, quien ahora es el nuevo comandante de la Novena Zona Militar, en Culiacán, dejó una estela de quejas por violación a los derechos humanos.

El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor acumuló un registro de 270 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, al menos, cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre diciembre de 2007 y agosto de 2010, periodo en el que estuvo al frente de la Décima Zona Militar de aquella entidad.

A decir de Carlos García Carranza, ombudsman duranguense, el jefe militar con más de 40 años de carrera ininterrumpida, siempre mostró disposición para resolver por conciliación la mayoría de los casos a nivel local y resarcir los daños cuando así se lo pidió la CNDH.

De acuerdo con los registros de la CEDH de Durango, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional sumaron 50 quejas en 2008, 140 en 2009 y 80 en lo que va de este año.

Algunas de las principales quejas de ciudadanos contra la Sedena fueron por detenciones arbitrarias, allanamiento de morada, lesiones e incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias.

En los mismos informes consta que, en 2007, el Ejército ocupaba apenas el lugar 20 de un total de 21 instituciones públicas con quejas en su contra, pero para 2009 y 2010 dio el salto y estuvo compitiendo por los tres primeros lugares junto a la Policía Municipal de Durango y la Agencia Estatal de Investigación, ahora llamada División Investigadora de la Policía Estatal.

Mantuvo la delantera en ocho meses distintos de ese par de años, según se desprende de los registros mensuales de la CEDH de Durango.

La tercera parte de los 24 meses que sumaron 2009 y 2010.

Los contrastes

Corría junio de 2000 cuando el entonces coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Moisés Melo García, recibió un comunicado: era su aceptación como legionario.

Desde entonces se integró a la Legión de Honor Mexicana, institución creada en 1949 por el presidente Miguel Alemán para, entre otros asuntos, mantener el conocimiento y tradición de servicio.

Las 270 quejas por violación a los derechos humanos durante el comando de Melo García en Durango contrastan con sus obligaciones como legionario, establecidas en el Código Moral de la Legión de Honor Mexicana.

“Defenderás los Derechos Humanos, la vida, la libertad y la propiedad; derechos, que junto con la justicia, son esenciales para todos, sin limitación de sexo, raza, religión o creencias”, establece el punto cinco del código (http://www.sedena.gob.mx/index.php/codigo-moral).

No obstante, Carlos García Carranza, presidente de la CEDH de Durango, explicó vía telefónica a Ríodoce que el general tenía una explicación para las constantes quejas por atropellos por parte de militares.

El ombudsman recordó que el jefe militar atribuyó los abusos de poder a un grupo especial del Ejército destacamentado en la zona serrana colindante con Sinaloa, pero que aun así, asumía disponibilidad para arreglar la mayoría de las quejas mediante la conciliación, según se los permite la legislación estatal.

“Él, lo que me hacía del conocimiento es que, precisamente, una base que existe en un poblado de Sinaloa, colindando mucho con Durango, donde se concentran fuerzas especiales del Ejército son los que cometen este tipo de violaciones, y me decía el general que desafortunadamente se las cargaban a él creyendo que eran las fuerzas regulares las que cometían este tipo de atropellos”, recuerda.

—¿Entonces, el general (Melo García) es una persona que respeta los derechos humanos?

—Pues sí, en términos generales sí, podría considerarlo así, cuando menos está abierto al diálogo, a tratar de solucionar los problemas.

Buena prensa

A pesar del expediente negativo en materia de derechos humanos, la partida del general Melo García fue lamentada por el Siglo de Durango, uno de los periódicos de prestigio de la región.

De acuerdo con la nota Ya se fue el general Melo García, publicada el 1 de julio de este año, el ahora comandante de la Novena Zona Militar fue abierto y mantuvo buen trato con la prensa.

“Su arribo favoreció un cambio en el periodismo policiaco duranguense, pues el jefe militar dio, desde un principio, apertura a las acciones realizadas por el Ejército e inclusive facilitó a los reporteros su traslado a diferentes puntos de la sierra para tomar nota de los aseguramientos”, según la nota de la Redacción http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/273741.ya-se-fue-el-general-moises-melo-garcia.html.

“En los operativos de alto impacto desarrollados en la capital del estado también mostró disposición para ofrecer la información, e incluso un resguardo de seguridad para los oficiantes de los medios”.

¿Quién es el general?

Moisés Melo García nació en el Distrito Federal y se graduó del Heroico Colegio Militar en 1971.

Nueve años después, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, de acuerdo con la hoja de servicio proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional en http://www.sedena.gob.mx/pdf/ifai/2009/enero_2009.pdf.

En la administración de Vicente Fox subió dos escalones más. En 2000 ascendió a general Brigadier Diplomado de Estado Mayor, cuando trabajó en la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Cuatro años después obtuvo su grado actual, que es el de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor.

Su carrera lo ha llevado por cinco zonas militares. En 1998 estuvo en el cuartel general de la 23 Zona Militar, en Tlaxcala; en 2004 fue parte del Estado Mayor de la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo, Guerrero; al año siguiente pasó por el cuartel general de la 29 Zona Militar, con sede en Minatitlán, Veracruz.

En diciembre de 2007 llegó a Durango, a la Décima Zona Militar, estancia que se prolongó dos años y seis meses, hasta que recibió órdenes de trasladarse a Guanajuato.

El 1 de diciembre llegó a Culiacán como comandante de la Novena Zona Militar.

En 2007 recibió la Condecoración de Perseverancia Extraordinaria por 40 años de carrera militar ininterrumpida, la presea más antigua de la heráldica militar mexicana.

Zonas de inmunidad

Francisco Cuamea

Texto publicado por el semanario Ríodoce el lunes 13 de diciembre de 2010


CULIACÁN, Sinaloa._ Fernando Valenzuela Sepúlveda fue asesinado con descargas eléctricas. A Jesús Enrique Tirado Zataráin le dieron siete disparos hasta matarlo. El cuerpo sin vida de Jesús Manuel Ruiz Bejarano tenía cuatro impactos de bala cuando lo analizaron los forenses.

Los tres eran médicos y pertenecían a un gremio que ha sido golpeado por la violencia en Sinaloa, así sea en una sala de urgencias, pública o privada, en sus consultorios o hasta en ambulancias.

En el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, que está por expirar, un total de 24 integrantes de la comunidad médica han sido asesinados y otros tantos más han sido agredidos, como es el caso más reciente del otorrino Alfredo Mascareño Gaxiola, quien fue herido de gravedad el lunes 8 de noviembre.

Médicos generales, gastroenterólogos, ginecólogos, terapistas, quiroprácticos, dentistas, enfermeras y paramédicos, han sido víctimas mortales de la barbarie que en números supera los 2 mil homicidios, acumulados desde enero de 2005 a la fecha.

Y ante la vulnerabilidad e impunidad, como en las guerras, ahora optan por pedir que se consideren zonas de inmunidad aquellas donde se otorgan servicios de salud.

Alejo Niebla Serrano, presidente de los colegios médicos de Sinaloa, sabe que es difícil pedirles a los asesinos un código de ética para que respeten a los trabajadores de la salud, por tanto, apela al “tacto”, al criterio de pensar que “si hoy es ese, mañana me puede tocar a mí”.

—¿Le piden una tregua a los delincuentes?
—Más que una tregua es generar zonas de inmunidad, por ejemplo, como la Cruz Roja, como las salas de urgencia, como los hospitales. Decir, “el que llegó, ya déjenlo ahí, por favor”.

“¿Por qué no inmunidad?”: Niebla Serrano

La vulnerabilidad e impunidad han convertido el día a día de las personas que trabajan en el área de salud en jornadas de tensión, ya que no solamente temen ser asesinadas, sino que constantemente son amenazadas y agredidas durante el ejercicio de su profesión, desde la advertencia velada de sufrir consecuencias si las cosas salen mal, hasta atender a alguien con una pistola en la cabeza.

La especialidad de Niebla Serrano es la siquiatría, quizá por ello contextualiza su charla con los desequilibrios mentales y las frustraciones.

“Hay una sicosis muy profunda. Realmente hay una frustración en el desempeño de la profesión. Hay una frustración porque la mayoría de nosotros somos médicos de vocación. ¿Por qué nosotros que estamos hechos para ayudar, por qué no podemos tener inmunidad? Ya ve lo que pasó en la Cruz Roja. ¿Por qué no tenemos inmunidad en ese sentido?”, cuestiona.

—¿Quién debe generar esas zonas de inmunidad?
—Yo creo que podemos nosotros argumentar, como prestadores de servicio, a quien sea, y eso lo hemos dicho abiertamente, nosotros jamás vamos a hacer un distingo de manera profunda y de manera humanitaria de asistir a quien sea y donde sea, sin tener miedo a que te vayan a hacer algo, por eso nosotros como médicos deberíamos de decirle que toda la gente, a cualquier gente, a lo que se dedique: “señores, bueno respeten eso, por lo menos”.

El 1 de marzo, Genoveva Rogers Lozoya, radioperadora de la Cruz Roja Culiacán, murió al interior de las instalaciones al ser baleada por unos individuos que intentaron asesinar a otra persona.

Siete meses más tarde, el 26 de octubre, un comando irrumpió de nuevo en la Cruz Roja de Culiacán, y frente a más de 20 policías, privó de su libertad a un herido que era atendido.

Historias negras sin fin

El 17 de diciembre de 2008, el doctor Esteban Nidome Atondo atendía a una paciente en su consultorio ubicado en la colonia Industrial El Palmito.

Dos sujetos armados entraron y lo asesinaron. Tenía 52 años. La joven de 25 años que era atendida fue herida en un tobillo. Tenía entonces cinco meses de embarazo.

El 1 de noviembre de este año, dos asesinos irrumpieron en la sala de urgencias del Hospital General de Culiacán. Uno de ellos ubicó a su víctima, un presunto camionero de nombre Jesús Espinoza Beltrán, y le disparó dos tiros en la cabeza (Noroeste 2 de noviembre de 2010).

Historias como las descritas han sido constantes:

“(La violencia) ha rebasado más de lo que estamos acostumbrados a ver y ya el cáncer ha alcanzado hasta a los que no nos dedicamos a una actividad delictiva. Y ahí van incluidos reporteros, medios, van incluidos médicos, licenciados, abogados. ‘Todo mundo’. Y del gobierno ni se diga, están más expuestos a ser corrompidos por el medio”, dice el presidente de los colegios médicos de Sinaloa.

—¿Dónde es más peligroso, en la sierra o en la ciudad?
—Es igual. En la sierra, lo único que puedes decir es que estás solo, pero a veces los pobladores todavía pueden ser más protectores de ti que aquí mismo, porque la ciudad es impersonal, aquí no tienes a alguien muy cercano que te apoye. Y en el rancho no, en el rancho la misma población dice, “oye, porque no te calmas, fíjate que el médico nos sirve aquí”, y la misma población te protege.

Impunidad que frustra

La justicia para su gremio no es algo que los médicos vean cerca.

Al contrario, han encontrado un muro de impunidad para las víctimas y de las autoridades responsables no han recibido la atención debida.

Con más de 6 mil homicidios y un índice de impunidad del 95 por ciento, la demanda de justicia es demasiado alta.

—En el caso de los médicos asesinados, ¿qué le ha dicho la autoridad estatal? —se le pregunta a Niebla Serrano.
—No hemos tenido contacto para un seguimiento de las investigaciones, y es parte de lo mismo. Por ejemplo, hubo una manifestación para pedir solución del caso de Guadalupe Castro Castro (otro doctor asesinado), hubo marcha y a la fecha no hay una solución del caso. Y así, en cada uno de los casos no ha habido solución. Así como sucede con los demás ciudadanos, hay una impunidad en los eventos y pues eso alienta la ejecución de esas acciones delictivas y el grado de diferentes manifestaciones de violencia: robo, secuestro, asesinato, es un torbellino de violencia lo que estamos viviendo.

El 14 de julio, el doctor Jesús Manuel Ruiz Bejarano se encontraba en su consultorio ubicado Estación Obispo, de la sindicatura de Emiliano Zapata.

Al mediodía, sus 52 años de vida terminaron. Fue asesinado. Le dispararon en seis ocasiones. Cuatro fueron los impactos que recibió.

Los médicos de Sinaloa decidieron no callar. Así, en agosto, en un hecho inédito, salieron a dar una conferencia de prensa para exigir un alto a los ataques contra integrantes de su gremio.

Tres meses después obtuvieron su respuesta. El otorrino Alfredo Mascareño Gaxiola sufrió un atentado casi al llegar a su domicilio, en Las Quintas. Salvó su vida, pero a la fecha su pronóstico es reservado.

“Es sumamente frustrante que nosotros, pasen y pasen cosas, y que no encontremos eco en cuanto a que nos tomen en cuenta”, expresa Niebla Serrano.

—¿Cuál es la reflexión?
—En este caso los médicos están para ayudar a ‘todo mundo’ de manera incondicional y yo creo que, por lo tanto, sí se merece un respeto; obviamente, nosotros como seres humanos no estamos exentos de haber cometido errores, sin embargo, existen procedimientos para ser castigados. Yo creo que la justicia por propia mano no debe ser un recurso, creo que si alguien tiene que quejarse de un médico hay los canales adecuados para ello. Siempre ha existido eso.

MATAR A QUIEN PROCURA LA VIDA


En el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, 24 profesionales de la salud han sido asesinados. Los casos aumentaron en un 40 por ciento la segunda mitad de su mandato.


WIKILEAKS: Culiacán, ensayo frustrado

Francisco Cuamea

Texto publicado en el Semanario Ríodoce el 06 de diciembre de 2010

CULIACÁN, Sinaloa._ Culiacán es una de las tres ciudades que están en la mesa de los gobiernos de México y Estados Unidos para implementar un plan que solucione en 18 meses la violencia en un 60 por ciento, sin embargo, la reputación política del presidente Felipe Calderón depositada en Juárez inclinó la balanza para iniciar en la capital chihuahuense.

De acuerdo a la ficha informativa de la Embajada de EU en este país, 002882 y clasificada como Confidencial, revelada por el sitio wikileaks.nl, a inicios de octubre de 2009 altos funcionarios de ambas naciones sostuvieron un encuentro con el interés de “enfocarse juntos en mejorar la seguridad en algunas ciudades”.

La ficha, creada por el Embajador estadounidense Carlos Pascual, consigna el objetivo de implementar un plan articulado y de precisión para disminuir la violencia en las ciudades de Tijuana, la capital de Chihuahua y Culiacán.

Según se aprecia en el cable(http://wikileaks.nl/cable/2009/10/09MEXICO2882.html), fueron Jorge Tello Peón, entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Gerónimo Gutiérrez Fernández, ex subsecretario de Gobernación, quienes protagonizaron la reunión.

“Él (Tello Peón) cree que necesitamos enfrentar las ciudades con mayor inseguridad y arreglarlas. Si podemos ir a Tijuana, Ciudad Juárez y otra ciudad como Culiacán, y solucionáramos el 60 por ciento de la violencia, mandamos una señal al pueblo mexicano de que la guerra puede ganarse”, reporta el diplomático de EU a sus superiores.

Inmediatamente, se aprecia en el cable, tanto Tello Peón como Gutiérrez Fernández acotaron que Calderón se juega su reputación en Ciudad Juárez, por lo que definieron que “México” debe triunfar en la capital chihuahuense.

“Políticamente, él y Gutiérrez dijeron”, anota Pascual, “que México necesita triunfar en Juárez porque Calderón ha depositado demasiado de su reputación ahí, con la mayor demostración de fuerza que, hasta la fecha, no ha repercutido hacia afuera”.

Cuatro meses después, el 17 de febrero, el mandatario del país acudió a la ciudad fronteriza para anunciar el programa Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, estrategia definida para responder la difícil y compleja situación que enfrenta la capital de Chihuahua y que incluye 160 acciones concretas, la mayoría de las cuales mostrarán resultados concretos en menos de 100 días, de acuerdo con presidencia.gob.mx y todossomosjuarez.gob.mx.

El resumen inicial que el Embajador Pascual escribe en su ficha informativa explica que el encuentro fue una cena ofrecida por la Procuraduría General de la República en honor a una delegación de funcionarios estadounidenses que visitaban el país.

“Tello Peón y el subsecretario de Gobernación Gutiérrez Fernández dijeron a la delegación que ellos querían explorar seriamente el enfocar nuestros esfuerzos articulados en dos o tres ciudades claves para revertir la actual ola de violencia e inestabilidad y mostrar éxito en la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas en los siguientes 18 meses”, reporta el diplomático.

El Embajador Pascual termina su reporte informando que dará seguimiento en las semanas siguientes de ese octubre de 2009 con Tello Peón y Gutiérrez Fernández para ver qué tan comprometido está el Gobierno mexicano con la estrategia de seleccionar algunas ciudades claves y trabajar para brindar seguridad.

“Si es su estrategia y planean ejecutarla, debemos respaldarla, usando el nuevo marco estratégico para construir un programa regional para tomar los desafíos más grandes de las ciudades fronterizas claves”, recomienda el Embajador de EU en México.

“Una considerable cantidad puede lograrse con la financiación existente y un aumento marginal en personal. Utilizaríamos el resto del año para planear, y tener una nueva serie de programas listos para desarrollar en el nuevo año”.

A partir del 1 de enero de este año, Tello Peón dejó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y fue designado por Calderón como secretario técnico del Gabinete de Seguridad y del Consejo de Seguridad Nacional, adscrito a la oficina presidencial.

Gutiérrez Fernández fue subsecretario de Gobernación hasta marzo de este año, para ceder su puesto a Roberto Gil Zuarth. Mientras, Culiacán, la ciudad que había sido escogida como laboratorio, seguía sumida en la violencia, incluso con niveles históricos en homicidios.

Apenas este viernes, el regiomontano envió una carta a Notimex con relación al cable 002882, revelado por Wikileaks.

“Pienso que la cooperación en materia de seguridad entre dos gobiernos requiere de un alto grado de confidencialidad, a fin de ser efectiva, sobre todo cuando se trata de la lucha contra el crimen organizado, ya que su divulgación puede poner en riesgo tanto las acciones de los gobiernos como la vida de las personas”, expresa.

lunes, 24 de mayo de 2010

Sisíficamente, México

CULIACÁN, Sinaloa.- Llega el día de las elecciones, acudimos a las urnas, votamos, gana alguien y nos pasamos tres o seis años soportando ineficiencias, abusos, tráfico de influencia, corrupción, patrimonialismo, opacidad... Y de nuevo llegan los comicios.

Así es México, políticamente hablando, como el mito de Sísifo que por la eternidad tiene que subir la roca a la cima. Vivimos en el vértigo electoral, pero abandonamos la supervisión del ejercicio del poder.

Somos unos mexicanos que desconfiamos de los políticos, pero los dejamos hacer y deshacer. De acuerdo a la cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados tiene un 8 por ciento de confianza, la de Senadores un 7 por ciento y los partidos políticos apenas alcanzan un raquítico 4 por ciento (http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php pagina=salaprensa&articulo=1456&pref=0&cat=1).

Esta desconfianza se refleja en los niveles de abstención.

Un comparativo de los datos estadísticos sobre participación en elecciones del Instituto Federal Electoral arroja un crecimiento en la abstención de 18.61 puntos, tomando en cuenta la presidencial de 1994, pasando por el 2000 y, finalmente, el 2006.

En las llamadas intermedias, en las que se eligen solamente diputados federales, el crecimiento del rechazo a votar es de 21.17 puntos, comparando 1991 con 2009, siendo 2003 el año que mayor abstención ha registrado con un 58.3 por ciento.

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Índices de abstención en elecciones federales. Las presidenciales en negritas.

AÑO ABSTENCIÓN %

1991 34.03

1994 22.84

1997 42.31

2000 36.03

2003 58.32

2006 41.45

2009 55.20

Fuente: http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html

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Sumado a eso, en 2009 surgió un movimiento llamado voto blanco que llamó a anular el sufragio y ahora se intenta repetir en elecciones locales, como la de Sinaloa, por ejemplo.

Así pues, estamos atrapados en el mito de Sísifo electoral. Un círculo vicioso en el que votamos-Alguien es electo-Los políticos hacen y deshacen-aumenta la desconfianza-volvemos a votar, aunque cada vez menos-de cualquier forma alguien sale electo…

***

Una causa de nuestra, por decir lo menos, débil cultura política podría ser la siguiente: la participación ciudadana en este país se reduce a un solo día, el de la elección.

Es en el Día D cuando se concentra todo el tiempo, dinero y esfuerzo en el ciudadano. Y es cuando el ciudadano se acuerda de que forma parte de la sociedad.

El poder comprende dos facetas, por decirlo así. Una es el arribo al poder y la otra es el ejercicio del poder.

En México, sin embargo, estamos sumamente mortificados por el arribo al poder y es por eso que el IFE y los órganos locales electorales tienen una gran atención de la opinión pública.

Claro está, esto no es por azar sino que es resultado de décadas de elecciones de Estado, pero también porque a los políticos actuales les interesa llegar al poder.

Ahora bien, ¿quién está trabajando, impulsando o promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del poder con la misma energía con la que nos involucramos en asuntos e instituciones electorales?

El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el 9 de febrero de 2004 fue el turno para la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ambas legislaciones van orientadas a la supervisión del ejercicio del poder, sin embargo, el nivel de atención pública aún no alcanza la destinada al IFE.

Para decirlo en pocas palabras: los órganos electorales y los de Acceso a la Información Pública son complementarios para la cultura política de México.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil cierran la pinza en esta tercia democrática, pero aún es un sector muy débil.

De acuerdo con un estudio de Price Watherhouse Cooper expuesto en el Foro Internacional de Participación Ciudadana realizado en la Cámara de Diputados a finales de abril (por cierto, con escasísima participación y organización), las OSC mexicanas emplean apenas el 0.3 por ciento de la Población Económicamente Activa; el país ocupa el último lugar internacional en el rubro de ingresos por donaciones privadas y el último lugar en Latinoamérica de ingresos por financiamiento público.

Dato muy contrastante al ver los indicadores de Estados Unidos. Las OSC del país del norte emplean al 6.3 por ciento de la PEA.

Incluso, según el mismo estudio, las organizaciones civiles representan una fuerza contracíclica en la economía, ya que hasta 2007 empleaban a 8.7 millones de trabajadores y durante la recesión de los años siguientes aumentó en promedio 2.4 por ciento, cuando las empresas cayeron 2.2 por ciento en materia de población empleada.

Tal es la fuerza de la participación ciudadana, no sólo en EU, sino en Francia y otros países de Europa y América.

Los mexicanos, pues, tienen que hacer conciencia y trabajar más no sólo en elegir sino en vigilar a sus políticos y funcionarios, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

En este año habrá comicios (incluyendo Mérida, que ya pasaron) en 15 estados del país, los cuales convocarán al 40.13 por ciento de los electores que integran la lista nominal de electores a nivel nacional (http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf09/elecciones2010.pdf).

Y sí, hay que votar, pero después del 4 de julio, ¿qué? Después hay que supervisar y fiscalizar, como sociedad organizada, el ejercicio del poder de quienes sean electos.

yooania@gmail.com

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ES NUESTRO DINERO. ¿DÓNDE ESTÁ? Un ejemplo de participación ciudadana en Kenia. Haz click: http://www.youtube.com/watch?v=e_dCKo8hDws

 
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