Una sociedad en peligro

Jeanette Erazo-Heufelder, autora y documentalista alemana, recorre Culiacán

Francisco Cuamea

Texto publicado en el Semanario Ríodoce, semana 20-26 de marzo de 2011

Las imágenes se daban una detrás de otra a los ojos de Jeanette Erazo-Heufelder: los vendedólares en la Juárez, los autos lujosos en las calles y exhibidores, los narcocorridos, las residencias exuberantes, los mausoleos ostentosos en el panteón Jardines del Humaya, el esfuerzo por subsistir en Badiraguato.

El movimiento cotidiano de Culiacán se mostró desnudo ante la autora alemana, quien realizó una estancia en la ciudad como parte de su recorrido por algunos puntos del país, como Ciudad Juárez, para la redacción de su nuevo libro en el que abordará la realidad detrás de las cifras sobre la situación de conflicto vivida por el narcotráfico.

Unas de sus conclusiones refieren temas que poco se discuten en los círculos académicos, periodísticos o políticos locales.

La pérdida de libertad de los ciudadanos ante el poder de quienes pertenecen al crimen organizado, la motivación económica de la clase media desvinculada a su vocación profesional y el riesgo de ser una sociedad que consume pero no produce.

“Veo una sociedad en peligro, veo que la sociedad no puede vivir los derechos que tiene”, advierte la autora de temas latinoamericanos desde hace diez años.

La ley del más fuerte

Quizá uno de los puntos de la ciudad que describieron a Erazo una imagen de la sociedad fue el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas.

Ahí, la autora, quien convivió con Fidel Castro para el libro biográfico del dictador cubano, vio Audis, Mercedes Benz, camionetas Lobo, Hummers, entre otros vehículos, a exceso de velocidad, con narcocorridos reproducidos en potentes equipos de sonido y, sobre todo, conducidos por personas muy jóvenes. Lo que no vio fue acciones de las autoridades.

“Ese exceso en la avenida Sinaloa y esa mezcla de la palabra libertad con ruido”, dice.

—¿Cómo comprendes eso?
—La libertad de uno tiene que respetar la libertad del otro. En esa avenida esa libertad no se respeta, es la regla de la fuerza del más poderoso. Y eso se ve en la calle que los coches se quedan en la mitad de la calle y los de atrás que quieren pasar ni suenan el claxon porque tienen miedo de que alguien va a salir y va a mostrar que es el más fuerte.

Antropóloga y también documentalista, observó en la manera de vivir de Culiacán que hay gente muy presionada, que a pesar de la generosidad y ganas de vivir, está en una forma de cárcel, “los departamentos son en cárceles”.

“Si por ejemplo quieres viajar a un pueblo como Badiraguato uno hace una estrategia casi militar antes, cada uno tiene un mapa en su cabeza, dónde puedo moverme y dónde no, y las áreas donde no puedes moverte empiezan a 20 kilómetros fuera de la ciudad”, expresa.

“Y eso no es libertad, eso es adaptarse a las reglas que alguien hizo. Eso es ya una sociedad viviendo en una situación de excepción, excepcional”.

—¿Cómo percibiste la libertad en esta ciudad?
—La libertad personal en el sentido de que puedes hacer una fiesta con mucho ruido, eso claro que es parte de la mentalidad. Pero la libertad de que tú puedes hacer una denuncia en el momento de que tú sientes tocada tu propia libertad, yo pienso que mucha gente no lo hace por miedo.

Eso significa que la sociedad civil no es libre, tiene miedo.

Erazo piensa que una sociedad que desconfía en el servidor público tampoco es libre, porque para ello el Gobierno tiene que contar con credibilidad.

“Si ves que el Gobierno te deja solo, tienes que arreglar por tu propia cuenta (los problemas) y no estás libre, porque no puedes tomar la responsabilidad para todas las cosas que están sucediendo”, anota.

“Veo una sociedad en peligro, veo que la sociedad no puede vivir los derechos que tiene”.

—¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad donde manda el más fuerte?
—Tú pierdes tus derechos ciudadanos, es volver a un siglo pasado. El más fuerte, si es bueno o malo, puede repartir sus riquezas contigo o no, y tú tienes que dejar tu cerebro aparte porque en el momento en que empiezas a pensar tu situación estás tan frustrado que no es más posible vivir porque te sientes igual, porque manda el más fuerte no manda la ley, el derecho.

El consumo como aspiración

La riqueza no se oculta y eso fue algo que notó en Culiacán la directora del documental Rigoberta Menchú en 1997.

Siendo alemana, los autos de manufactura de ese país llamaron su atención.

“Vi muchos coches alemanes, últimos modelos, y me daba cuenta de que vivimos en el mismo mundo, en el mundo consumista. Me impactó mucho ver toda esa riqueza en esta ciudad. La riqueza superficial, los coches grandes, los fraccionamientos ricos, eso es algo que se ve seguidamente en la ciudad. Es una ciudad muy moderna, muy basada en el consumo”, describe.

Otro dato que contrasta es el comparativo de las principales actividades económicas del estado. Al darse cuenta que el comercio y servicios son las actividades que más aportan a la economía local, concluye que en esta sociedad priva el consumo, el gasto, no la producción.

De los datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se desprende que el 70 por ciento del Producto Interno Bruto sinaloense se constituye con las aportaciones del sector terciario, es decir, comercio y servicios, lo cual es básicamente la tendencia nacional.

La actividad primaria, en la que se incluye la agricultura, aporta apenas el 13 por ciento.

“Yo me pregunté cuál es la industria de esta ciudad, sé que tradicionalmente es la agricultura, pero en Culiacán, qué se produce. Por eso pregunté, qué se produce aquí, porque uno está pensando, obviamente hay todo ese dinero, la gente tiene trabajo, pero qué se produce. Es puro comercio, es que no se produce, se gasta. Se gasta dinero, el dinero que es ganado es muchas veces conectado, muy probablemente con el sector ilícito”, reflexiona.

—Como antropóloga, ¿cómo interpretas que sea una ciudad que no produce sino que consume?
—Yo pienso que esta sociedad está muy en peligro por todo este consumo que basa en dinero, pero el dinero no es conectado con una profesión con una carrera profesional, es el puro dinero, eso es algo muy peligroso porque la atracción del dinero sin el pensamiento de que el dinero uno tiene que ganárselo con una profesión y tú tienes que invertir en una carrera profesional eso es algo que atrae la criminalidad. Pero no es solamente Culiacán, es de todo el mundo, solamente que nosotros estamos mejor protegidos.

—Nos decías que en Alemania pasa algo similar…
—La diferencia es el concepto de la clase media. Es una clase que se define por sus profesiones, por ser médico, profesor, abogado, especialista tecnológico, pero me doy cuenta de que aquí se usa el concepto en el sentido de que la clase media es la clase con capacidad económica, es decir, que no es conectado con una profesión. No la clase media donde nacen los profesores, los médicos, gente que está interesada en su profesión.

La doble moral de Alemania

Jeanette busca la conexión de sociedades como la de Culiacán o Ciudad Juárez con su natal Alemania.

Una de ellas la encontró en Cuauhtémoc, Chihuahua, al conocer la comunidad menonita. Pero otra la halló sobre los engranajes de las maquilas y de los automotores.

“Yo busco siempre la conexión con Alemania, con nosotros, en Ciudad Juárez lo veo en las empresas alemanas que hay, en las maquiladoras alemanas como Siemens, como Boch, y yo sé que todos trabajan con las normas que dicen las leyes (mexicanas), pero las leyes son tan malas para la gente; ganando 600 pesos a la semana es algo que es muy malo”, observa.

“He escuchado que BMW estaba en Hermosillo y cambió a Culiacán porque aquí es donde la gente tiene el dinero, es una doble moral, nosotros también somos tocados por este problema, porque en el momento que entra la economía, (en) los derechos humanos y la ética cerramos los ojos”.

—¿Los alemanes viven una doble moral porque sus empresas estarían recibiendo dinero ilícito?
—Uno piensa, uno tendría que llegar hasta allá. Pero hay gente que dice que la economía no tiene moral, la economía no tiene la culpa, son los actores humanos los que lo hacen; tenemos que vender, un país como Alemania depende de la exportación, pero yo me daba cuenta de que estamos colaborando con la fuente ilegal. ¿Quién se puede comprar un coche de alta clase, un BMW que cuesta 100 mil euros o más?


Atraída por Latinoamérica

Jeanette Erazo-Heufelder

Antropóloga y documentalista alemana.
Autora de temas latinoamericanos desde hace 10 años.
Autora de la biografía de Gloria Cuartas, alcaldesa por la paz colombiana nombrada por la Unesco.
Biografía de Fidel Castro en 1995.
Biografía sobre la Habana, la vida cultural antes de la Revolución.
El Rey de la Esmeralda, sobre Víctor Carranza, propietario de minas de esmeralda en Colombia.

FRASE

“La atracción del dinero sin el pensamiento de que el dinero uno tiene que ganárselo con una profesión y tú tienes que invertir en una carrera profesional eso es algo que atrae la criminalidad”.
—Jeanette Erazo-Heufelder. Autora, antropóloga y documentalista alemana.


El choque equivocado

Martín Durán

Les prometió a sus hermanas llevarlas a desayunar. “Espérenme aquí, voy a cobrar un cheque que me deben y las voy a llevar a todas a desayunar”, les dijo con emoción, ante la incredulidad de ellas que creyeron que era un gasto innecesario.

Carlos De la Mora Reyes, con sus 44 años encima, tomó la camioneta Nissan color gris que le había comprado a un sobrino suyo tiempo atrás, y marchó de la colonia Miguel Hidalgo, en la vieja casa de sus padres fallecidos, para ir a cobrar el dinero que le debían.

“Pero al rato avisaron que lo habían matado”, comenta un hermano de la víctima. Su cuerpo, reportaron las notas periodísticas, quedó a un lado de la banqueta del carril de poniente a oriente, sobre el Paseo Niños Héroes, el Malecón Viejo de los tormentos.

La historia primera

La historia a dos tiempos. El primero donde el hombre de familia trataba de adquirir un nuevo tráiler para empezar a mover sorgo en las próximas cosechas, el que se ocupaba de tiempo completo a su hijo de 16 años que padece de autismo, y el que 17 días atrás había terminado de quedar huérfano al sepultar a su padre, cuyo corazón se detuvo un domingo en la madrugada, en aquella casa de la Hidalgo en la que creció toda la vida.

En ese tiempo estaba el Carlos juguetón con la familia. “Era un excelente hermano, no tenía problemas con nadie, aquí puedes preguntar a cualquiera”, refiere el mayor de ellos, cuando habla con Ríodoce.

Cubre sus ojos con unos lentes oscuros, pero al mencionar el tamaño del drama desencadenado, se le alcanza a notar el asomo de las lágrimas, con una voz que se quiebra, mientras dice que vivía para su familia.

Los 40 grados anunciados por el meteorológico se manifiestan en la calle, en la estrecha sala que ocupa el féretro y las coronas, los llantos silenciosos que humedecen los rezos en el ámbito oloroso a flores.

Es también la calle Cecilia Sadi, de la Miguel Hidalgo, la que no deja de calentar, aun bajo el toldo que trajo la funeraria para aguantar la pesadilla de la muerte. “Eso seguirá pasando mientras no se acabe toda esta cochinada”, suelta un amigo que acudió a dar el pésame a la familia.

“No sabes con quién te metes”

El segundo tiempo, el de su muerte, el que da cuenta que en Sinaloa no es solo el lugar y la hora equivocada, sino el accidente innecesario, el que lleva al delincuente a desenfundar el arma y dispararle al que se equivocó de camino.

Relatado por un testigo, los hechos ocurrieron poco después de las 9 de la mañana del jueves 17 de marzo.

Iba en su vehículo por el Paseo Niños Héroes cuando un automóvil Corolla color blanco le pasó a alta velocidad. No solo lo rebasó, sino que se le atravesó por lo que tuvo que frenar. Lo hizo de manera molesta, pero al final siguió manejando.

Frente al edificio de Caminos y Puentes, metros antes de pasar debajo del puente Morelos, vio que se impactó contra una camioneta gris. “Fue el Corolla el que le pegó”, comenta el conductor que al contar la historia, pidió que no se anotara su nombre.

El joven, no menor de 25 años, de tez morena, se bajó fúrico de su automóvil a encarar a De la Mora. Le reclamó el choque.

“Pinche carro, lo acabo de comprar”, le gritó a Carlos, cuyo vehículo nada más sufrió una ligera abolladura. De la Mora le alegó que no fue su culpa, pero el desconocido, sacando una pistola de entre sus ropas, le dijo en pleno rostro: “¡No sabes con quién te estás metiendo!”.

Disparó al suelo en un par de ocasiones, ante las decenas de automovilistas que circulaban por esa zona. De la Mora, aterrado, trató de escapar, aprovechando que el agresor se dio media vuelta, pero en eso le disparó, ahora hiriéndolo.

De la Mora, malherido, continuó el escape, tratando de alejarse hacia el carril contrario, sin que nadie lo auxiliara, ninguna pinche patrulla por el lugar.

Pero el hombre no solo se conformó con eso, y mientras Carlos caminaba hacia su salvación, el agresor fue detrás de él, a rematarlo, antes de poner un pie en la banqueta, al pie del edificio más grande del malecón. El lago hemático que dibujó sobre el asfalto, fue una mancha infame que barrió con su familia.

La Policía llegó más tarde, hizo su circo, cerró las vialidades, impidió el paso a los curiosos con una cinta amarilla que por la ciudad se multiplica en kilómetros mortuorios… y contó casquillos: ocho de .380, consignaron los medios.

Y ya nadie, ni el testigo que con asombro contó la historia, supo por dónde marchó el asesino que con tranquilidad, gozando de la impunidad en la ciudad del miedo, desapareció.

El predominio de lo ilógico

Francisco Cuamea, director de Iniciativa Sinaloa, cuestiona

que el combate a la corrupción no ha sido prioridad del Estado.

Panorama de la rendición de cuentas: caso Sinaloa

Ponencia presentada en el Foro Regional Hacia una Verdadera Rendición de Cuentas en México, organizado por Sonora Ciudadana y el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE.

Hermosillo, 25 de febrero de 2011

I

Introducción

Muchas gracias, mi nombre es Francisco Cuamea, soy director de Iniciativa Sinaloa, representando a este organismo sin fines de lucro, quiero aclarar o comentarles que está integrado por cinco periodistas, dos somos de un semanario que se llama Ríodoce, otros dos son de un periódico que se llama Noroeste, y un quinto que ya lo exportamos con Denise Maerker, está trabajando en Punto de Partida en Televisa.

Surge porque después de muchos años de trabajar en periodismo y hacer la fiscalización, digamos, de la función pública a través del periodismo, comenzamos a conocer gente como Guillermo, empezamos a conocer el tema de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y sentimos que era una buena vía, el tercer sector, para incidir más allá de nuestras páginas, más allá de nuestro trabajo periodístico con trabajos con una metodología de ciencia social y buscando tratar de hacer incidencia tanto en temas de acceso a la información, rendición de cuentas, como derechos humanos y seguridad pública.

Vamos empezando, tenemos desde agosto para acá que nos constituimos legalmente, pero todo este contexto lo doy porque parte de lo que voy a platicar ahorita es una mezcla de lo que hemos vivido como periodistas y que ahora esta experiencia la estamos tratando de procesar ahora ya en esta Organización de la Sociedad Civil.

No quiero irme sin comentar un caso muy particular, muy concreto que se está debatiendo allá en Sinaloa, en el debate público, en el que convergen el aspecto del acceso a la información y la rendición de cuentas.

Ahorita el debate allá en Sinaloa, la discusión pública, versa sobre una adquisición que se hizo de 120 millones de pesos por dos compras diferentes, finalmente se canceló una, pero de origen voy a sumar las dos. Son 120 millones de pesos en una adquisición directa.

Esto lo supimos porque finalmente todo se sabe. Lo digo porque el acta (de la sesión) en la que se decide esa compra, que debió haber sido licitada, según mucha gente pensamos, no está en el portal del Gobierno del Estado. Nos enteramos finalmente porque trascendió la información, y entonces ya uno se pone a investigar y le pregunté al tesorero personalmente y lo reconoció. Lo retomó otro medio y está muy fuerte ahora la polémica.

Lo menciono porque en su momento, cuando abordo al tesorero estatal, le pido, amparado en los artículos 9 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, los documentos del caso para no quedarnos solamente con la entrevista.

Los artículos 9 y 10 hacen referencia a la información mínima de oficio y que se debe dar sin que medie solicitud. Incluso menciona, no recuerdo textualmente cómo, pero que la petición puede ser hasta verbalmente.

Entonces le pido los documentos que sustenten la compra de 50 millones de pesos, ésa es de la que estábamos platicando en ese momento, después surgió otra de 70 millones de pesos.

Durante la entrevista le solicité los documentos y el tesorero mostró disposición para entregarlos. Terminó la entrevista y quedó el compromiso de entregar los documentos en un par de horas, además de que le sustento que es información de oficio, y me la pude dar, la que tiene que ver con adquisiciones, con compras.

Pues bien, a las dos, tres horas, me llama el secretario técnico para decirme que siempre no me darán los documentos directamente, para no “interrumpir el flujo del acceso a la información”.

No voy a hacer muy extenso el caso, la intención nada más era dar un ejemplo de cómo se traduce en el día a día algo de lo que hemos platicado aquí.

Y lo otro que tiene que ver con la rendición de cuentas, el manejo de los recursos, qué se hace con esos recursos, es la justificación del procedimiento de la adquisición de la que estamos hablando.

Me explico. La norma indica que las adquisiciones de 2 millones un pesos deben ser licitadas públicamente. La Ley de Adquisiciones tiene un par de artículos que son los que marcan las excepciones. Entonces, el artículo 51 dice expresamente que se puede evitar las licitaciones e invitaciones a tres, cuatro, proveedores, y será adjudicación directa cuando las licitaciones pongan en peligro el orden público, alteren la economía, la salud. O pongan en peligro o alteren la seguridad pública.

Entonces, la pregunta es, ¿cómo una licitación para la compra de patrullas (que es la adquisición de la que estamos hablando) puede poner en peligro el orden social? ¿Cómo puede poner en peligro la seguridad pública?

Ése es el debate en el que estamos ahorita y que tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas. Lo pongo sobre la mesa para actualizarlos sobre el contexto de lo que sucede hoy en Sinaloa.

Hemos escuchado a los auditores, a los contralores, a los encargados de los órganos garantes del acceso a la información, y creo que el consenso es que no hay una política de Estado para la rendición de cuentas. Hay algunas leyes por aquí, algunas normas por allá, algunos cargos más allá, pero no hay un embalaje sistémico, un embalaje decidido que coordine toda una política pública, una política de Estado en materia de rendición de cuentas porque simple y sencillamente el combate a la corrupción no ha sido prioridad.

El día en que sea prioridad el combate a la corrupción, ese día entonces veremos cómo todas esas leyes que están inconexas unas con otras van a tomar forma y, entonces sí, comenzará a “caer” gente.

Hasta aquí la introducción. Ahora expondremos nuestro tema que hemos llamado El predominio de lo ilógico.

II

Tendiendo un puente

Partimos de un principio lógico muy básico: cuando alguien quebranta la ley recibe un castigo.

Digamos que bajo esa premisa es como se han construido los sistemas de justicia en el mundo democrático. Se crean leyes, reglamentos, códigos, procedimientos, y se asignan funcionarios para su aplicación y vigilar su cumplimiento. Alguien actúa fuera de la ley, y todo este engranaje comienza a funcionar.

Repetimos, desde el razonamiento lógico tradicional: Hay leyes, si alguien las incumple, por lo tanto, se hace acreedor a un castigo.

El caso Sinaloa, sin embargo, se inscribe más bien en la lógica de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, una estructura que funciona a la inversa hasta del sentido común: Hay leyes, se incumplen, no se aplican castigos.

La Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas aún no son un conjunto que entre en esa dialéctica que supondría haber superado el abuso de poder y patrimonialismo en el Estado sinaloense.

Por un lado tenemos ese fantasma de la opacidad, impunidad y corrupción, que frecuentemente aparece, y del lado opuesto, a manera de antítesis, solamente la ley y reglamentos relacionados con el derecho a la información, que debiera implicar una ventana clara en el manejo de los recursos públicos, el desempeño del gobierno y las justificaciones de las decisiones de los gobernantes.

¿Cuál sería uno los detonadores que lleve a Sinaloa a un estadio de plenitud democrática? Precisamente un andamiaje legal, procedimental y sistémico de rendición de cuentas.

En Sinaloa no existe una política de Estado de Rendición de Cuentas entendida como “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las asumen”.[1]

Lo que pretendemos en esta exposición es realizar una descripción de la situación con relación a la rendición de cuentas, siguiendo en alguna medida el principio sugerido en el estudio La estructura de la rendición de cuentas en México, a saber, información, cuentas, responsables, ubicados como los pilares necesarios para la rendición de cuentas.

“Para que haya acceso a la información, debe haber información; para que haya revisión de cuentas, debe haber cuentas; para que haya sistemas de responsabilidades, debe haber responsables”, dicen López Ayllón y Merino[2].

En Sinaloa, ¿qué y cómo se informa? ¿Quiénes vigilan y sancionan? ¿Cuál es el castigo para quienes abusan del patrimonio y del erario? ¿A quién responden quienes se convierten en los “centinelas” de los recursos públicos?

Tomamos el caso de los incumplimientos a la Ley de Acceso para este trabajo, lo cual no significa que existan otros en distintas esferas de la vida pública.

III

Principio de máxima publicidad

e información mínima de oficio

La Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sinaloa fue aprobada por el Congreso local el 23 de abril de 2002 y se otorgó un plazo de un año para que los sujetos obligados emitieran sus reglamentos y se prepararan para la difusión de la información mínima de oficio a través de medios electrónicos.

Tanto la Constitución mexicana, en su artículo sexto, como la legislación reglamentaria de Sinaloa, en su artículo segundo, mandatan que en la interpretación o en el ejercicio de este derecho deberá prevalecer el Principio de Máxima Publicidad. Ése es el eje rector. ¿Cómo puedo dar la mayor información de lo que me solicitan?, sería el razonamiento lógico de un servidor público.

Pero en el predominio de lo ilógico, la tendencia es hacia el lado opuesto y pareciera que los responsables piensan: “¿Cómo puedo dar la menor información posible?”

Y esto lo afirmamos sin estar explorando el segundo nivel del acceso a la información que es aquel relacionado con las solicitudes, respuestas y recursos de revisión.

Esto sucede con la información mínima de oficio, es decir, la que los responsables de las entidades públicas, del Estado, municipales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, están obligados a difundir en sus páginas electrónicas y entregarla sin que medie solicitud, de acuerdo al capítulo segundo de la legislación en la materia.

El abanico de información de oficio es muy amplio, por lo que solamente tomamos una muestra con el criterio del manejo de los recursos públicos y los argumentos que fundamenten una decisión. Así tenemos que, es información pública de oficio:

a) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.

b) Las minutas de las reuniones oficiales.

c) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.

En la actualidad, estos rubros son publicados sin seguir la interpretación del Principio de Máxima Publicidad.

Tomemos el caso del Gobierno del Estado y su página sinaloa.gob.mx. El ejemplo rector, por decirlo así, que sigue el resto.

En el punto de permisos, licitaciones, adquisiciones, contrataciones y demás solamente se encuentra una lista de las convocatorias lanzadas y no el proceso final ni el expediente administrativo, es decir, quién y por qué fue elegido para ser proveedor y recibir recursos públicos por una obra o un servicio. No se encontrará ningún expediente administrativo que justifique la otorgación de tal o cual contrato.

Aquí hago un paréntesis. En el caso que mencioné al inicio de la compra de las camionetas, como no me dieron la información recurriendo a la figura de oficio, solicité vía Infomex el expediente administrativo como dice este artículo de la ley y esa información sí se me entregó.

Tampoco se encuentra minuta alguna de reunión oficial y en relación a destinatarios de recursos se halla una padrón de proveedores actualizado (es un decir) al mes de febrero de 2009 sin que especifique montos, conceptos, fechas ni pólizas de cheque. En otras palabras, para saber ¿cuánto se le dio? ¿Para qué? ¿Por qué a esa persona, o a esa empresa?

Además, es muy difícil, casi imposible, que la información en los sitios de internet se encuentre de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, como mandata el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Tenemos ley de acceso, pero los funcionarios públicos no informan lo mínimo a lo que están obligados, entonces, ¡Que rindan cuentas! ¿Pero cómo iniciarles un proceso?

Si inscribimos una solicitud vía Infomex y la niegan o no estamos conformes, interponemos un recurso de revisión en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y se le da trámite; pero, ¿qué sucede cuando no se cumple con la información mínima de oficio?

¿Qué tiene que suceder para que el responsable rinda cuentas y reponga su falta o sea sancionado?

IV

Sanciones y Ley de Responsabilidades

de Servidores Públicos

En el papel, hay castigos para quienes incumplen con los mandatos de la ley de Acceso.

Por ejemplo, el artículo 57 de la legislación sinaloense, incluido en el Capítulo 9 sobre Faltas Administrativas y Sanciones, establece textualmente lo siguiente:

“El titular de la entidad pública, en los términos y condiciones previstos por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el artículo 9 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un periodo no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa”.

¿Pero cómo llega a la CEAIPES el caso de incumplimiento de la información mínima de oficio? ¿Qué tiene que suceder para que el órgano garante sancione al que incumple?

Hasta el año 2010, que prácticamente acaba de concluir, no había registro alguno de funcionario sancionado por incumplimiento en la información mínima de oficio, en el Estado y en el Municipio de Culiacán, según constató Norma Sánchez, periodista del semanario Ríodoce e integrante de Iniciativa Sinaloa a quien le respondieron un par de solicitudes de información[3].

“No (se) ha sancionado a ningún servidor público por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa”, informaron de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.

“En una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Unidad de Responsabilidades no se encontró registro alguno de sanción impuesta a un servidor público, con motivo de cuestiones derivadas de incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”, contestaron de la Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Culiacán.

El predominio de lo ilógico. Son tantas y tan evidentes las omisiones de información de oficio, pero al momento no hay sancionados. El 1 de enero de 2011 comenzaron la nueva administración estatal y las municipales, pero la ausencia de información a la que por ley están obligados transparentar sigue ahí, o a lo más, está difusa, revuelta, confusa. Eso debe significar algo. Pero seguimos con la pregunta: ¿Cómo hacemos para que rindan cuentas?

De acuerdo al artículo 40, de la Ley de Acceso, la comisión estatal tiene, entre otras, la atribución de “llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley”.

Lo cual implica, en nuestra opinión, una viacrucis total de ciudadanos en el que tendrían que invertir en organización, tiempo y dinero, recursos con los cuales ya cuenta la propia CEAIPES, el órgano garante. Tiene dinero, personal, logística, etcétera.

Así, desde nuestra perspectiva, para comenzar con un verdadero andamiaje procedimental de rendición de cuentas, decimos comenzar, porque aún no sería suficiente pues lo que se requiere es todo un sistema de rendición de cuentas, es necesario darle al órgano garante la atribución legal, sistemática, para que de oficio investigue las violaciones a la ley desde el primer momento en que se incumple, esto es, la que obligadamente tienen que transparentar las dependencias públicas y no lo hacen, faltando además al principio de máxima publicidad.

Pero también se requiere darle autonomía constitucional y mayores facultades para convertirla en una institución con mayor fuerza en la aplicación de la ley y que ya no depende para ello de los contralores de los ejecutivos estatal y municipal.

Como coloquialmente decimos, necesita “dientes”, pues la amonestación que hace referencia el artículo 57 significa un simple “jalón de orejas”, un llamado de atención ya sea por escrito o vía telefónica.

V

¿Quién manda: El mandante o el mandatario?

Contralores, auditor y síndicos procuradores

Acabamos de desarrollar de manera muy breve un ejemplo de la ausencia de rendición de cuentas cuando se incumple con la información mínima de oficio que mandata la Ley de Acceso, para ilustrar solamente el tema a partir de los conceptos complementarios de derecho al acceso a la información y rendición de cuentas.

Ahora veamos lo que corresponde a los contralores, quienes son los responsables de llamar a cuentas a quienes actúan contra del patrimonio público y el erario.

En este punto solamente abordaremos lo relacionado a su subordinación en lo jerárquico y político con relación al jefe del Ejecutivo.

Tenemos que la lógica tradicional, el sentido común, dicta que hay leyes, alguien las quebranta, por lo tanto, se hace acreedor a una sanción.

Para llamar a cuentas y emitir sanciones hay funcionarios responsables que, como todos sabemos, se les llama contralores o tienen funciones de contraloría.

En el caso sinaloense teníamos Secretario de la Contraloría, área que ahora incluye la Coordinación General de Acceso a la Información del Gobierno del Estado para convertirse en la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La anterior Contraloría solamente sancionó a siete funcionarios con una “regañadita”, como consignó el periodista del diario Noroeste, José Alfredo Beltrán, también integrante de Iniciativa Sinaloa, en entrevista a Juan Pablo Yamuni, actual jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas[4].

Y esto nos sorprende a los sinaloenses, pues sobre el sexenio anterior pesa la nube de indicios documentados de presunta corrupción y desvío de recursos.

Dijo Yamuni al periodista: “hay en proceso más de 200 casos pendientes de resolver".

Con ese antecedente, la demanda ciudadana por democracia obliga hoy, precisamente, a que la Rendición de Cuentas sea una política pública impulsada desde el Estado para recobrar la confianza de los sinaloenses.

Sin embargo, la figura del “fiscal anticorrupción” depende del jefe el Ejecutivo, pues es él quien lo invita al Gabinete. Así, las preguntas seguirán abiertas, aun cuando se aplique la justicia contra quienes afectaron el erario durante el sexenio anterior, pues el reto en las actuales circunstancias es que también los responsables de llevar la contraloría ejerzan la justicia contra quienes actúen al margen de la ley en este sexenio.

A nivel municipal, pasa algo similar en este mundo predominado por lo ilógico.

La figura del Síndico Procurador, como muchos ya la conocen, tiene a su cargo la función de contraloría y, de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal, una de sus atribuciones es:

“Vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas de conformidad con lo dispuesto por la reglamentación interior o de gobierno”.

No obstante, el Síndico Procurador, junto a los candidatos a regidores, surge de la planilla del candidato a la Presidencia Municipal. Es decir, le debe el trabajo al Alcalde.

Por eso sigue en duda sobre a quién le rinde cuentas cuando ya está en funciones. ¿Al Alcalde? ¿A la ley y a los ciudadanos?

Hasta le fecha, de lo poco que se sabe del actuar de los síndicos procuradores es que votan en Cabildo.

Así las cosas, en Sinaloa, los contralores son “jueces y parte”, por lo que es evidente que se debe avanzar en mecanismos para que dichas figuras sean clave en el proceso del cumplimiento de la legalidad.

VI

Las opciones que vemos: Investigación de oficio,

diseñar procedimientos de sanción y de elección de responsables

La rendición de cuentas tiene un efecto directo en la credibilidad y en el ánimo de la sociedad. En contra partida, la simulación o la protección desde el Estado a quienes perjudican el erario y el patrimonio público han erosionado la confianza en las propias instituciones.

El poder se deslegitima cuando su ejercicio se aleja de la verdad.

Con información a medias, con ocultamientos, con lagunas legales en beneficio de la opacidad, con el control patrimonialista de lo público y con el cobijo impune del séquito oscuro, es decir, la burocracia que trabaja en función de los intereses privados de quienes detentan el poder, la fisura entre el gobierno y la sociedad se convertirá en grieta, y la grieta en una falla, y así, hasta que venga el mesías autoritario con promesas de componer esa separación que ha roto el Estado.

La rendición de cuentas, institucional, sistemática, orientada hacia el ciudadano como mandante, tiene caminos a seguir muy concretos si se tiene la voluntad de crear una mejor sociedad.

Como Iniciativa Sinaloa, vemos algunas propuestas, como son el diseño de un andamiaje procedimental para que la CEAIPES investigue de oficio, formal y sistemáticamente, y tenga facultades directas para sancionar a quienes obstaculizan el acceso a la información.

También que el órgano garante cuente con autonomía constitucional, que el mecanismo de selección de comisionados no sea a propuesta del Ejecutivo sino directamente de la sociedad y que sean aprobados por las dos terceras partes de los diputados. Además, que la comisión tenga la obligación de rendir cuentas, más allá de enviar un informe por escrito al Congreso cada año.

Además, creemos que quienes fungen como contralores deben tener el mayor grado de independencia con relación a los jefes del Ejecutivo y su Gabinete.

Pero fundamentalmente, lo que es necesario es una política de Estado de Rendición de Cuentas, que castigue la corrupción; que vigile el correcto uso de los recursos; que supervise la mano de los funcionarios, el desempeño, pero sobre todo, que recobre la confianza en el gobierno, porque mientras no haya justicia e impere la impunidad, no habrá democracia.

VII

Diagnóstico de la Sociedad Civil

El impulso de una política de Estado para la Rendición de Cuentas es facultad de los responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero ¿por qué habrían de hacerlo si están cómodos en su castillo amurallado?

Precisamente es aquí cuando toman relevancia las Organizaciones de la Sociedad Civil. De ellas depende que se tienda el puente y derrumben los muros.

El fenómeno de las OSC es relativamente reciente en el país y prácticamente ausente en Sinaloa, salvo las Instituciones de Asistencia Privada, cuyo objetivo es ayudar a quienes lo necesitan y no la incidencia política.

En abril del año pasado se realizó el Foro Internacional de Políticas Públicas que Fomentan la Participación Ciudadana en los Países Desarrollados, llevado a cabo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Ahí se describió el panorama de las OSC en México, así como en otros países.

Cito a Michael Layton, Director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil del Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

“Desafortunadamente no tenemos muy buenas noticias sobre la situación de la participación ciudadana en las OSC: lo que encontramos es un sector poco desarrollado y una participación principalmente canalizada por vías informales que no fortalecen el tejido social”.

La frase del expositor se tradujo en algunos datos. Por ejemplo, Ana María León Miravalles, secretaria técnica de Indesol, expuso que en el registro federal de OSC contaban (hasta esa fecha) 11 mil 609 claves, pero que otras fuentes calculaban la existencia 20 o 30 mil.

En Argentina, por contrapartida, contaban 120 mil OSC, un millón en la India y 2 millones en EU.

Otros datos mostrados en el foro son los siguientes:

* La Cuenta Pública federal 2009 reporta que 3 mil 199 millones de pesos fueron para OSC.

* Mucho de este dinero se va a organizaciones cuasi gubernamentales (deportivas, por ejemplo).

* Poca visibilidad del trabajo de las OSC.

* OSC con baja credibilidad.

* Solamente 6 por ciento de ciudadanos afirman haber trabajado en una OSC.

Comparado con Estados Unidos, tenemos que en dicho país hay una tasa de 484 OSC (de todo tipo de temas) por cada 100 mil habitantes, mientras que en México es de 13 por cada 100 mil habitantes hasta el año pasado.

Estos son los datos que dimensionan la fuerza de la sociedad organizada frente al Gobierno y sus responsables que cuentan con vastos recursos económicos, logísticos y humanos.

Ante el escenario descrito, pareciera una lucha desigual, un esfuerzo titánico el tratar de incidir para que los gobernantes se sometan a la rendición de cuentas.

Nuestra convicción es que esto sí es posible, pues las Organizaciones de la Sociedad Civil van emergiendo y crecerán cada vez más conforme la credibilidad de la clase política y otros actores políticos vaya descendiendo.

En Estados Unidos, las OSC retomaron su crecimiento conforme comenzaron las personas a tener mayores capacidades y medios, así como interés, a la vez que descendía el papel de otros agentes sociales, como la iglesia, partidos políticos y sindicatos[5].

De acuerdo a la cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 de la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados tiene un 6 por ciento de aprobación, la de Senadores un 6 por ciento y los partidos políticos apenas alcanzan un raquítico 4 por ciento en confianza[6].

Además, otras de las instituciones que registraron los menores porcentajes de confianza fueron los sindicatos, la policía y los partidos políticos.

En contrapartida, el trabajo y los logros de algunas OSC como Evolución Mexicana en Nuevo León, Sonora Ciudadana en esta entidad, Fundar en la Ciudad de México, Cimtra en ciudades como Querétaro, Chihuahua y Jalisco, son cada vez más conocidos. Van abriendo camino y poco a poco contagian a otros en esto de la participación ciudadana.

Con fundaciones en el extranjero, que destinan fondos en distintas regiones del mundo para que la calidad de la democracia mejore, el tercer sector, como también se le conoce a las OSC, comenzará a profesionalizarse cada vez más. En otras palabras, la actividad ciudadana ya no representará una acción quijotesca para los jóvenes, sino una fuente de empleo digna y, sobre todo, útil a la sociedad.

Por el momento, de acuerdo con cifras de Pricewaterhouse Coopers, las Organizaciones de la Sociedad Civil en México apenas emplean el 0.3 por ciento de la Población Económicamente Activa[7].

En Estados Unidos, la cifra alcanza el 6.3 por ciento de la PEA, y en Francia el 3.8 por ciento.

Cuando el vacío sea insostenible, la sociedad se articulará a pesar de los obstáculos que se le interpongan, ayudada por las conexiones que a través de la red pueden realizarse en otras latitudes para conseguir información y recursos.

En conclusión: Hay una ausencia de una política de Estado para la Rendición de Cuentas que los responsables de los poderes muy probablemente no desarrollarán.

La Sociedad Civil está emergiendo, por lo que, por ahora, aún está desarticulada, sin embargo, se fortalecerá hasta que llegue el momento en que, organizada y preparada, será un contrapeso fuerte.

Entonces, las cosas comenzarán a suceder.

Francisco Cuamea

Iniciativa Sinaloa

Hermosillo, 25 de febrero de 2011

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[1] López Ayllón, Sergio; Merino, Mauricio. La estructura de la rendición de cuentas en México 2010, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009, p. 9.

[2] Íbid.

[3] Sánchez, Norma. Información… privada. México, Semanario Ríodoce, lunes 20 de diciembre de 2011, http://www.riodoce.com.mx/content/view/7858/

[4] Beltrán, José Alfredo, “Castigan” a siete… con un “regaño”, México, Noroeste, martes 22 de febrero de 2011, p. 1 Sección Local.

[5] Casey, John. Universidad de Nueva York. Expositor del Foro Internacional de Políticas Públicas que Fomentan la Participación Ciudadana en los Países Desarrollados, abril de 2010, Cámara de Diputados.

[6] http://www.encup.gob.mx/index.php?page=cuarta-encup-resultados

[7] Pricewaterhouse Coopers, Foro Internacional de Políticas Públicas que Fomentan la Participación Ciudadana en los Países Desarrollados, abril de 2010, Cámara de Diputados

Compras Aguilar-Malova. La historia contada por los documentos

En sus ediciones 417, 418, 419 y 420, Ríodoce ha documentado cómo el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, por emplazamiento de Mario López Valdez, actual mandatario de Sinaloa, realizó dos contratos de compras por adjudicación directa, argumentando que una licitación pondría en peligro o alteraría el orden y la seguridad pública y cuando las cifras de 50.8 y 70 millones de pesos, por cada uno, rebasan con mucho el tope de 2 millones un pesos que la normatividad obliga para que se concursen públicamente.

El beneficiado del primer contrato fue Leonardo El Nalo Félix Gutiérrez, padre empresarial de López Valdez, con una orden de compra de 50.8 millones de pesos por 90 camionetas equipadas como patrullas.

El segundo beneficiado es la empresa El Ofertón del Pacífico, a quien el Gobierno saliente expidió una orden de compra por 70 millones de pesos para un lote de equipos de seguridad. El propietario de dicha empresa es Francisco Martínez Woolfolk, amigo de Leonardo Félix hijo. Esta compra fue cancelada el 28 de enero, ha asegurado el gobierno.

El tema ha llegado al Congreso de Sinaloa y ahora diputados piden una investigación.

Descargue el expediente en http://www.riodoce.com.mx/content/view/8639/40/ y conozca la historia, documento tras documento, papel tras papel.

Compras que huelen mal

Norma Sáchez

Reportaje publicado en Ríodoce edición del domingo 20 de febrero

Adquisiciones Aguilar-Malova a la Auditoría Superior del Estado

Los dos contratos que suman 120 millones de pesos y que el Gobierno de Sinaloa entregó sin mediar licitación pública, uno de ellos al padre empresarial del gobernador Mario López Valdez, deberán ser investigados por los órganos de fiscalización del estado.

A petición de diputados locales, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal tendrán que aclarar las sospechas de presuntas irregularidades en órdenes de compra a favor de las empresas Culiacán Motors y El Ofertón del Pacífico, un día antes de que Malova asumiera su cargo oficial.

El diputado del PAN, Carlos Felton, señaló que la adquisición de 90 patrullas a Culiacán Motors y de 700 lotes de equipo de seguridad a El Ofertón del Pacífico “al cuarto para las doce”, es un hecho que “huele mal desde el inicio”.

“Yo lo que te puedo decir es que de entrada huele mal, huele mal por la fecha en la que se hizo, el último día prácticamente del gobierno anterior. Huele mal por el monto, estamos hablando no de cacahuates, estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Cantidades importantes que llaman la atención, que realmente no hubiera pasado nada si se compran el 30 ó el 5 de enero, ya con la nueva administración”, apuntó.

Su homólogo del Panal, Manuel Cárdenas Fonseca, giró el jueves peticiones formales a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Rosa Elena Millán, y al titular de la ASE, Marco Antonio Fox Cruz, para que se abra una investigación del caso y se aclaren los fundamentos en los que el Comité Intersecretarial se amparó para autorizar las adquisiciones.

Culiacán Motors, propiedad de Leonardo Nalo Félix, “padre empresarial” de Malova, obtuvo un contrato de 50.8 millones de pesos por la venta de 90 patrullas. Mientras que a la empresa, posiblemente fantasma, El Ofertón del Pacífico, le entregaron un contrato de 70 millones aproximadamente por la venta de equipo de seguridad, aunque su giro comercial principal son los colchones.

Advierte diputado acuerdo Aguilar-Malova

El diputado del PRD, Javier Corvera, acusó un posible acuerdo entre el ex gobernador priista Jesús Aguilar Padilla y su sucesor Mario López Valdez, este último emanado de la coalición PAN-PRD-Convergencia-PT, y cuestionó las promesas de cambio que ofreció a los sinaloenses.

“Es evidente que ambos, el gobierno entrante con el gobierno saliente, llegaron a un acuerdo para aplicar esos recursos. Que se antoja que hay visible corrupción en virtud de que por el monto de los recursos erogados cuando menos debió haberse licitado. Ese es el cuestionamiento”, señaló.

Los diputados del PRI y Convergencia, Cenovio Ruiz y Felipe Manzanárez, no se comprometieron a revisar el caso.

“Qué mal fue eso. Van a escuchar mi posición ya que tengamos la información pormenorizada sobre el asunto, ya que venga la cuenta pública y veamos cómo se dieron las cosas”, señaló Ruiz, coordinador de la fracción priista del Congreso.

“Mi compromiso personal y del grupo parlamentario del PRI es que las cosas se hagan con transparencia. En ese y cualquier caso, no me quiero circunscribir a un caso específico, el compromiso es general”, dijo.

Por su parte, el diputado del PRD, cuestionó “el cambio democrático” prometido por Malova y adelantó que estará vigilante al desenlace de este caso.

“Lo que nos queda a nosotros es estar al pendiente en la revisión de las cuentas y exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que haga una revisión exhaustiva con respecto a la adquisición sin licitación pública de esos automóviles que se presume fueron con dedicatoria a los amigos del gobernador entrante, Mario López Valdez.

Señaló que con acciones como estas, Malova demuestra que “sigue siendo priista”, por el cambio respecto a los actos de corrupción con los que prometió acabar.

“Sigue actuando como priista, ese es el problema. Nosotros vemos que si croa croa como pato, camina como pato, nada como pato, sí es priista”, dijo Corvera.

Manzanarez, por su lado, afirmó que el contrato sí tiene fundamentos legales.

La excusa insostenible

Los fundamentos en los que se amparó el Comité Intersecretarial del Gobierno de Sinaloa para autorizar los contratos a Culiacán Motors y a El Ofertón del Pacífico, son injustificables, señaló el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Panal.

En el acta de sesión 06/2010, celebrada el 28 de diciembre, tres días antes de que Malova tomara posesión, quedó asentado que las adquisiciones se autorizaron de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

En ellos se establece la excepción de otorgar de manera directa un contrato cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor” o, cuando “su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

El diputado Cárdenas Fonseca fue tajante al afirmar que tales argumentos no tienen fundamento.

“Es evidente que hay que tomar varias cosas en consideración. Efectivamente ni la fracción II ni la fracción IV son suficientes. ¿Por qué? Porque el acta la celebran el 28 de diciembre a las 14:00 horas, a esa hora cierran el acta, y la compra se hace supuestamente el 31 de diciembre en la tarde. En ningún momento en esos tres días estaba en peligro el orden social. Tampoco estaba en peligro la economía del estado, mucho menos los servicios públicos, la salubridad, la seguridad. ¡Vaya!, no teníamos ni consecuencias de un caso fortuito de fuerza mayor”, cuestionó.

“Lo que sí teníamos era la muy pronta trasmisión de poderes. Y es curioso que si usted se va a la propia acta, en el desahogo del orden del día, antes que argumentar, antes que fundar una razón de excepción, y ya no se diga que respecto a licitación pública, pusiera en riesgo la seguridad pública. ¿Pues, cómo va a poner en riesgo la seguridad pública la compra de vehículos? ¿En 72 horas casi? ¡Pues ni el Ministerio Público! Ni el plazo que tiene el Ministerio Público.

Tan no estaba en riesgo nada que la trasmisión de poderes se dio en la mayor tranquilidad”.

Cárdenas Fonseca concluyó retando al procurador de Justicia: “Los escritos procurador de Justicia, competente en el caso, tenemos que conocerlos también, todo lo que motivó esta sesión y el levantamiento de esta acta. ¿Dónde está un diagnóstico de que había un movimiento social que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, para que no se presumiera que iba a haber una trasmisión de poderes pacífica?”.

Para el diputado de Convergencia, Felipe Manzanárez, en cambio, la adjudicación de los contratos sí se fundamentan.

—¿Haber hecho licitación pública sí ponía en riesgo la seguridad pública?
—Yo creo que sí, porque como se incrementaron los índices delictivos a fin de año pasado, hay que darle a las fuerzas policiales los instrumentos de trabajo, además una licitación requiere un procedimiento, lleva tiempo, es un proceso que te puede llevar semanas o meses. Es que cuando tú como gobierno tienes que tomar decisiones, lo más pronto posible sin violar la ley.

El diputado se refirió a la urgencia de usar los recursos públicos al señalar que había un subejercicio.

“Mi interpretación jurídica es que (la decisión) sí se acogió a la ley, pues se alteraba la seguridad”, concluyó.

El Ofertón... ¿empresa patito?

El caso de El Ofertón del Pacífico despertó suspicacias por su peculiar nombre que no concuerda con una empresa “seria” que vende equipo táctico de seguridad, opinó el diputado del PAN, Carlos Felton.

De acuerdo a una orden de compra en poder de Ríodoce, esta empresa vendió al Gobierno de Sinaloa 70 millones de pesos en lotes de equipo especializado, cuando su principal giro comercial son los colchones.

“También llama mucho la atención el nombre de una de las compañías”, observó Felton, “El Ofertón del Pacífico me suena más como importadora, de esas que venden artículos de 15 pesos. Como que fue una compañía que se armó con el único propósito de venderle al Gobierno”.

“Yo creo que sí están varios elementos aquí llamando la atención, suficiente para que se haga una indagatoria a fondo que justifique su quehacer. Yo en lo personal traigo quejas, traigo reclamos a la Auditoría Superior del Estado, al auditor (Marco Antonio Fox Cruz), en el sentido de que no se le ha visto que señale situaciones que a todas luces (son) irregulares en el estado”.

“Se está tardando el área correspondiente ante una denuncia explícita para hacer la auditoría y emitir el resultado”, señaló Felton.

CRONOLOGÍA

6 de diciembre. Reunión de trabajo de la Comisión de Enlace del gobernador electo, Mario López Valdez, y el presidente del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Quirino Ordaz Coppel, ex tesorero estatal. Ahí, Armando Villarreal Ibarra y Gerardo Vargas, actuales secretarios de Administración y Finanzas y de Gobierno, emplazan al gobierno saliente a comprar las 90 patrullas y los 700 lotes de equipo de seguridad, a más tardar el 31 de diciembre.

9 de diciembre. El Consejo Estatal de Seguridad Pública autoriza la reprogramación de recursos de los ejercicios presupuestales de 2007, 2008, 2009, 2010 y rendimientos financieros para la adquisición de vehículos equipados como patrullas para la SSP y la PGJE. Acuerdo 06-01-10.

10 de diciembre. El ahora ex procurador de Justicia, Alfredo Higuera Bernal, mediante oficio 000726, solicitó al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública la liberación de recursos con cargo a los ejercicios presupuestales mencionados para la compra de las patrullas.

13 de diciembre. Herman Leuffer, ex secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas que inicie con el trámite de la compra, a petición del ex procurador.

13 de diciembre. La Comisión de Equipamiento y Tecnología del Comité Técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública emite el dictamen EQU-338/2010, considera procedente la petición del procurador.

23 de diciembre. Aparentemente, la Secretaría de Administración y Finanzas solicita cotizaciones de camionetas equipadas a cuatro empresas: Cajeme Motors; Distribuidora Automotriz Los Mochis Agencia Guasave; Palma Automotriz de Mazatlán y Culiacán Motors.

28 de diciembre. Responden las cuatro empresas.

28 de diciembre. El Comité Intersecretarial firma acta de sesión (06/2010) en la que se aprueba la adquisición de manera directa, sin licitación para “no alterar el orden público”, de 90 unidades de transporte tipo pick up equipadas como patrullas a las empresa Culiacán Motors y 700 lotes de equipo especializado con la empresa El Ofertón del Pacífico.

30 de diciembre. Firman el contrato GES 105/2010 Culiacán Motors y el Gobierno de Sinaloa.

31 de diciembre. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado expide la orden de compra por 50.8 millones de pesos a favor de Culiacán Motors por 90 camionetas equipadas como patrullas y otras dos, la número Foseg 0001 y Foseg 000194, por 70 millones de pesos a favor de El Ofertón del Pacífico para la compra de 700 lotes de equipo de seguridad, incluyendo 30 computadoras portátiles de 62 mil pesos cada una.

31 de diciembre. Mario López Valdez rinde protesta como gobernador de Sinaloa.

Incumple el Nalo Félix con plazo de entrega de patrullas

El desacato

Francisco Cuamea

A pesar de que fue beneficiado con una orden de compra de 50.8 millones de pesos, Leonardo Félix Gutiérrez, padre empresarial de Malova, incumplió el plazo de entrega de las 90 patrullas, el cual era definitivo.

De acuerdo con el contrato GES 105/2010 entre Culiacán Motors, propiedad del Nalo, y el Gobierno del Estado, las unidades debieron ser entregadas a más tardar el 20 de enero, sin embargo, en los patios de la Procuraduría General de Justicia del Estado solamente recibieron 25 camionetas tres días antes de esa fecha, como consta en el acta de entrega-recepción.

“La empresa se obliga a entregar al Estado las unidades objetos del presente contrato (las 90 camionetas equipadas), a más tardar el día 20 de enero de 2011. Dicho plazo no podrá ampliarse”, estipula la cláusula quinta alusiva al lugar y plazo de entrega.

En el acta de entrega-recepción solicitada por Ríodoce a la PGJE mediante una solicitud de información vía Infomex, se consigna que fueron solamente 25 patrullas las que entregó Culiacán Motors, las cuales suman un total de 14 millones 20 mil 378 pesos.

“En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 PM del día 17 de enero de 2011 se reunieron, por una parte, el C. Jesús Manuel López López, representando a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y por otra parte el C. José Manuel Saucedo Torres, representando a la empresa Culiacán (Motors)”, se lee en el documento firmado al final por ambas personas y con el logo de la empresa automotriz.

Ríodoce solicitó copia del acta o actas, según las que existan, de entrega recepción de las patrullas compradas a la empresa Culiacán Motors y que debieron recibirse en las oficinas de la PGJE porque el contrato estipula dicho lugar para ello. Solamente se entregó una que refiere 24 camionetas equipadas.

También solicitó entrevista con Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, para precisar las penalizaciones que Culiacán Motors podría haber recibido por el incumplimiento del contrato, pero no fue otorgada ni se recibió una explicación de la negativa.

Para decidir la adquisición directa que benefició al Nalo, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla también consideró el tiempo de entrega que prometió Culiacán Motors, el 20 de enero, porque a Malova le “urgía”.

Las otras tres cotizaciones que aparentemente el gobierno saliente solicitó el 23 de diciembre, recibió el 28 del mismo mes y “estudió”, establecían estas fechas de entrega: Cajeme Motors, el 31 de enero; Distribuidora Automotriz Los Mochis Agencia Guasave, el 21 de febrero, y Palma Automotriz de Mazatlán no lo refirió.

El tiempo fue uno de los pretextos para decidir la compra a favor del padre empresarial de Malova, ya que al entonces gobernador electo emplazó al saliente a adquirir las 90 patrullas y los 700 lotes de equipo de seguridad que sumaron 120 millones de pesos.

“Que estas adquisiciones son prioritarias, ya que con ellas reduce el déficit existente y se logra sustituir el parque vehicular que tiene seis años y más en uso y que su mantenimiento es muy costoso, por ello es urgente que a más tardar el 31 de diciembre del presente año se concluya el proceso de adquisición”, fue el posicionamiento de Mario López Valdez, según consta en el acta de la sesión del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del 28 de diciembre.

Pero según consta en los documentos, parece que la prisa no fue para tanto, pues solamente se entregaron 25 patrullas antes del plazo legal establecido en el contrato.

FECHA DE ENTREGA

20 de enero. Entrega de 90 camionetas equipadas que promete cotización de Culiacán Motors.
20 de enero. Contrato GES 105/2010 entre el Gobierno estatal y Culiacán Motors que obliga entrega de 90 camionetas equipadas en ese plazo.
17 de enero. Entrega de 25 camionetas equipadas en la PGJE por parte de Culiacán Motors.


La pálida y sospechosa defensa del diputado Manzanares

“Contrato a Culiacán Motors no es delito”

Norma Sánchez

Que se le haya adjudicado el contrato por 50.8 millones de pesos a Leonardo Félix Gutiérrez, padre empresarial del gobernador, no es “un delito” ni un hecho “condenable”, pues no tiene nada de malo que Mario López Valdez corresponda al empresario las atenciones que este tuvo para con él en su tiempo, dijo el diputado de Convergencia, Felipe Manzanárez.

—(Félix Gutiérrez) es su “padre empresarial”...
—Yo no le veo nada malo a eso. Igual se lo puedes comprar a la empresa A como a la empresa B, ese para mí no es el tema.

—Aunque se vea mal, porque se le esté beneficiando…
—Te voy a decir una cosa: el problema no es que se le compre a A o a B. El problema es si no se hizo el procedimiento, ahí tienes un problema. Hay que hacer las cosas con un procedimiento. El tema 2 es si lo que estás comprado es a precio correcto, no inflando; si lo que estás comprando tiene calidad. Pero que si se los compra a la empresa del señor Leonardo Félix para mí no es problema, porque si te vas otros sexenios, la empresa que tenía la mayora cantidad de venta era la competencia. Hay dos empresas de distribuidoras, habrá que ver qué marca… ¿Es Chevrolet, no?

—Es Culiacán Motors la empresa.
—Ok esa es una empresa A, y la empresa B es Premier.

—¿Usted no le ve a eso inconveniente, aunque sea el padrino del gobernador? ¿No le suena a beneficiado? ¿No le suena a influyentismo? ¿No le suena a corrupción?
—No, no, no, de ninguna manera, porque cuando hablamos de corrupción estamos hablando de conductas que están fuera de la ley o de beneficios ilegales para obtener algo.

Manzanárez, también dirigente estatal del partido Convergencia, señaló que a la empresa Culiacán Motors le da su” voto de confianza” porque es una empresa que él conoce como “seria”. En el caso de la empresa El Ofertón del Pacífico, admitió que su deber como diputado está en comunicarse con los legisladores presidentes de la comisiones de Fiscalización y de Hacienda, para que analicen el caso de las compras, pues a ellos les compete por ser un asunto relativo al presupuesto.

“La sociedad tiene derecho a saber el procedimiento. Pero yo no veo, y te lo subrayo, que el que le haya comprado vehículos a la empresa Culiacán Motors… no me parece ni que se viole la ley, ni me parece un acto condenable. Si anteriormente se le compraban a la competencia, bueno, pues ahora se le está comprando a otra empresa”, insistió.

—Al padrino del gobernador.
—Pues yo no sé si sea su padrino. Tengo conocimiento que hace muchos años trabajó en su empresa y, al contrario, me parece que malagradecido sería el gobernador si en el momento en el que puede corresponderle atenciones no le corresponda.

—De lo que usted está hablando es de pago de favor, entonces.
—No, de ninguna manera. Estoy hablando que el gobernador corresponde atenciones que en su tiempo... si él fue su patrón, si es su amigo, si lo que sea, eso para mí no es delito ni problema.

—¿No hay ninguna ley que lo castigue?
—No, de ninguna manera. Si en el otro sexenio, o en los últimos dos sexenios, la empresa que se privilegiaba era Premier, yo no veo mal que al cambiar de administración se cambie de proveedor.