martes, 21 de octubre de 2014

Desplazados por la violencia: Niños, mujeres y ancianos, las víctimas desterradas


Niños rarámuris, desplazados de la sierra de Choix, reciben clases en un aula especial.


El 70 por ciento de desplazados por la violencia en la Sierra Madre Occidental son madres, abuelos, menores de edad; también hay indígenas afectados; la Sedeshu contabiliza casi 5 mil desplazados de febrero de 2012 a mayo, pero reconoce cifra de 25 mil desplazados en 10 años, como lo ha denunciado la CDDHS


Texto: Silber Meza/Francisco Cuamea
Fotos: Luis Brito

PRIMERA DE TRES PARTES

Cada noche, los pobladores de Ocurague, en la sierra madre occidental, se escabullían de sus viviendas para ocultarse entre los matorrales. Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, las cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos.
Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.
Así era la vida en 2011 en este poblado de la Sierra Madre Occidental que es parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el llamado "Triángulo Dorado" del narcotráfico mexicano, que incluye la parte serrana de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Al paso de los meses, el temor a la violencia escaló a los homicidios. A inicios de 2012, un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos.
“Cuando mataron al muchacho ese de San José de los Hornos los hombres no se atrevieron a ir a levantarlo, por eso las mujeres fuimos por él, acompañadas del Comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los ‘dedos’ (soplones) de ‘El Chapo’, que porque ahí era puro Beltrán Leyva”, recuerda la señora Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años, originaria de Ocurague, y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, a abandonar sus tierras o a morir en sus manos.
“Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. El Comisario, antes de salir, dio aviso a la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva. Fue una cosas muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los Beltrán Leyva a quemar el rancho y a matar al que encontrara”, menciona con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora convertido en un pueblo fantasma.
Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar que trabajaba, su casa, su siembra, su ganado. Todo.
Desde entonces, esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a las familias que se asentaron en Guasave y en Choix.
El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.
“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua; hay una arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta: ¡aquí hay que comprarla!”
La temporada de calor también ha sido una hornilla: ellos vivían entre los pinos serranos, ahora padecen de temperaturas de más de 40 grados centígrados, muchos de ellos sin siquiera contar con un ventilador.
Las demandas de la mayoría de los desplazados siguen siendo las mismas que en un principio: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad, o en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de los grupos del narcotráfico.


Habitante de la sierra de Durango, desplazada luego de que una gavilla amenazó
a las familias del pueblo.


SINALOA, EL DE MAYOR DESPLAZAMIENTO SERRANO
En los últimos 12 años, en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una Organización de la Sociedad Civil, fundada hace 30 años.
Por su parte, desde febrero de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Sinaloa, (SEDESHU), inició su propio conteo de desplazados por la violencia que genera el crimen organizado. A mayo de 2014, la Secretaría ha contabilizado a 4 mil 714 personas, divididas en mil 117 familias.
Los resultados muestran que el 70 por ciento de los desplazados lo conforman mujeres, menores y adultos mayores. Los niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años de edad suman un 29 por ciento; las mujeres de 19 a 60 años alcanzan un 36 por ciento, y los adultos mayores de 60 años y más representan el 5 por ciento.
Según el estudio, el desplazamiento se ha registrado en diversas zonas de seis de los 18 municipios del estado: Sinaloa de Leyva, San Ignacio, El Fuerte, Concordia, Rosario y Culiacán. Y se han refugiado en otras áreas de 10 municipios: Badiraguato, Sinaloa de Leyva, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario, Salvador Alvarado –Guamúchil– y Concordia.
Pero el estado de Sinaloa no sólo ha recibido desplazamiento local, sino interestatal. Ha sido receptor de desplazados de la sierra de Durango, de la capital del estado y del municipio de Pueblo Nuevo. Los habitantes de estas zonas encontraron refugio en los municipios sureños de Elota y Cosalá.
Por la violencia y el miedo, se han refugiado en Choix, municipio de Sinaloa, pobladores indígenas rarámuris que habitaban la zona serrana de esta localidad.
De acuerdo a los datos proporcionados por Simón Ruiz, un indígena yoreme que trabaja de Coordinador de Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Choix, a la cabecera se han desplazado más de 60 rarámuris provenientes de entre 11 y 13 comunidades, como La Culebra, Tacopaco, Corral Quemado y Las Juntas.
Estos datos no se encuentran en el estudio del Gobierno de Sinaloa, pero fueron documentados por estos reporteros.
Para atender el desplazamiento, el municipio y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) adaptaron una casona como escuela y comedor, lugar adonde acuden niños y adultos rarámuris.
En este lugar se reubicó a la escuela primaria indígena Amado Nervo, que originalmente se hallaba en el poblado de La Culebra.
En el estado de Chihuahua no se reconoce el problema del desplazamiento forzado en la sierra, según informa la Fiscalía del Estado, y en Durango, con datos divulgados por Comunicación Social, únicamente se tiene registro gubernamental de cientos de indígenas desplazadas de la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de El Mezquital, ubicado al sur del estado.
A pesar de la falta de registro del Gobierno estatal, en el documento Proyecto Piloto de Agencia Económica de las Mujeres Desplazadas por Violencia, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres, se estima que el número del desplazamiento forzado puede ser mucho mayor, y llegar a 700 familias que han huido de la violencia en Durango.
“El último acontecimiento de violencia presentado en el estado ocurrió la última semana del mes de enero del presente año en la comunidad San José del Ranchito, a 15 minutos del municipio del Mezquital, en la cual los grupos al margen de la ley incendiaron tres casas. Esta zona es indígena y del 2010 hasta la fecha ha sido blanco de fuertes ataques por parte de la violencia; en otras ocasiones se han quemado escuelas, tiendas comunitarias y otras viviendas de esta misma zona; fue de la cual se produjo el éxodo masivo de los indígenas de Tierras Coloradas el 28 de Diciembre de 2010, en donde fueron quemados 38 inmuebles”, se lee en el estudio.
El documento también consigna la falta de atención del problema.
“Aunque en el Estado de Durango existe esta Ley General de los Pueblos Indígenas en Durango, hasta la fecha no existen políticas públicas, programas y proyectos a favor de las comunidades indígenas desplazadas”, se expone en el texto.

‘SI ME ENFERMO, VOY A CAMINAR’
En una vivienda de una recámara habita el señor Ubaldo Díaz Hernández, sus hijos y dos familias más desplazadas de Ocurague, municipio de Sinaloa de Leyva.
La casa se halla en un fraccionamiento popular de la ciudad de Guamúchil. Como el gobierno no les ayudó con un refugio, sus habitantes la ocuparon sin permiso cuando ésta se encontraba abandonada.
Hace más de dos años, don Ubaldo y sus 10 hijos salieron caminando de su pueblo, desde entonces, las tragedias de la familia se han ido apilando. Apenas cuatro meses atrás recibieron una pésima noticia: el fallecimiento de la esposa de Ubaldo, la señora Florencia Díaz, una mujer de 53 años de edad que padecía cáncer y que no pudo ser atendida adecuadamente por falta de un buen seguro de salud y dinero para el medicamento.
“(Ya muy enferma) la llevé al Seguro Social y ya no salió del hospital”, dice Ubaldo, con esa voz arrugada y débil que produce la tristeza profunda.
Cuando la señora murió, el Gobierno municipal le ayudó con la compra del ataúd.
La escasez de trabajo también ha sido un problema para Ubaldo. Cuando lo contratan labora de peón de albañil o de jornalero agrícola; también desmonta baldíos a cambio de unas monedas. En el patio trasero de la vivienda siembra calabazas, y ahí mismo intentó sembrar maíz, pero no se dio.
Aunque tiene Seguro Popular, a Ubaldo no le sirve; consigue consultas médicas gratuitas, pero no acude porque no tiene dinero para comprar las medicinas que le recetan.
“Si me enfermo voy a caminar, qué le voy a hacer, voy a seguir a la compañera”, sentencia Ubaldo, mientras utiliza un pañuelo rojo para absorber el sudor intenso que le brota del cuerpo.


Ubaldo Díaz Hernández busca sobrevivir en Guamúchil,
después de toda una vida en la sierra.




LOS DESPLAZADOS DEBEN DE ESTAR PROTEGIDOS
De acuerdo a los principios rectores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el desplazamiento interno se define como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
Según cifras del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC-NRC) que son utilizadas por la ONU, a finales de 2013 había por lo menos 33.3 millones de desplazados en el mundo debido al conflicto armado, la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos.
“Esta cifra representa un aumento de un 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord histórico por segundo año consecutivo”, dice el Informe Global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia.
En América, a finales de 2013, por lo menos 6.3 millones de personas habían sido objeto de desplazamiento interno, la gran mayoría se encuentra en Colombia, donde la cifra ha aumentado de forma constante y alcanza ahora los 5,7 millones. Sin embargo, también es notable el conflicto en Guatemala, con 242 mil; México, con 160 mil; Perú con 150 mil, y Honduras, con 17 mil.
A diferencia de los otros países, donde los conflictos armados y las violaciones en derechos humanos son un factor serio de desplazamiento, en México la única causa es la violencia generalizada, es decir, la violencia criminal.
Los estados mexicanos más afectados por el desplazamiento son Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero.




PRINCIPIOS RECTORES
En total, la ACNUR define 30 Principios Rectores que protegen a los desplazados internos en el mundo, entre los que se encuentran:

Si el desplazamiento se produce por conflictos armados y catástrofes se adoptarán medidas adecuadas para informarles los motivos y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento.
Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas.
Las autoridades se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; servicios médicos y de saneamiento indispensables.
Se protegerá la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.
Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país.



Liga a Noroeste: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=975342

Editado por El Universal y Noroeste en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.


miércoles, 13 de febrero de 2013

Islas Marías: Información fracturada

Francisco Cuamea

Ocultar información como “Razón de Estado”. Guardar el hermetismo para que la verdad no salga a la luz pública. Levantar un cerco informativo para “neutralizar” un problema “menor” y “salvaguardar” así la gobernabilidad como bien mayor. Todas políticas que parecieran describir el Estado mexicano del siglo pasado, pero que están siendo aplicadas aquí y ahora en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 2 de febrero, se amotinaron 650 reclusos del módulo Laguna del Toro del centro penitenciario Islas Marías, según la versión de la Secretaría de Gobernación, por estar inconformes con “algunos servicios que se les brindan”. Un hecho extraordinario, pues al menos en 30 años no se había presentado un conflcito de esta naturaleza.
 En las Islas Marías, donde cumplen sus procesos 7 mil 500 internos, puede pasar cualquier cosa y quizá nunca se sabrá, pues hay una distancia de 112 kilómetros de las costas de Nayarit que la alejan del foco de atención mediática. Pero hoy se trata de un motín que trascendió las aguas del Océano Pacífico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? ¿Cuál es la verdad?
En el manejo de la información, la Segob, sin inmutarse, ha caído en al menos tres contradicciones que solamente han despertado preocupación de que el ocultamiento sistemático de la información pública sea ya su política de Estado.

Contradicción 1: Los ‘cuatro lesionados’ 
La primera señal de alarma se encendió la tarde de ese sábado 2 de febrero. Después de que por la mañana se supo del motín, la Segob emitió un comunicado de cinco párrafos muy contrastante con la información (incluyendo fotografías) que los periodistas de Mazatlán estaban recabando. 
“Durante los hechos, cuatro custodios del Complejo Penitenciario Islas Marías resultaron con lesiones leves al tratar de impedir que los internos ingresaran al módulo contiguo”, reportó Gobernación en el comunicado número 24. El boletín de la Segob no sólo era impreciso en la cantidad de agentes heridos, pues ese mismo día ya se sabía que eran siete, sino también en la gravedad de las “lesiones”. 
Según el reporte que tomó la Policía Ministerial de Sinaloa y que fue informado a los periodistas, el director del penal de las Islas Marías, Abelardo Aguilar Delgado, originario del Estado de México, presentó fractura de tibia y peroné; dos custodios también tenían fracturadas sus piernas, otro más presentó fractura en el brazo izquierdo y otro fue reportado no solamente con múltiples fracturas, sino con quemaduras de segundo y tercer grado entre el 30 y 40 por ciento de su cuerpo. Cinco días después, este custodio murió cuando era intervenido en el hospital del ISSSTE. 
Hubo dos heridos más, pero de ellos ya no se pudo conocer nada. Al día siguiente, por la madrugada, llegaron por barco a Mazatlán ocho heridos más, de los cuales tampoco hubo detalles, tan sólo la cofirmación por parte de personal de la Armada. Quince heridos, uno ya fallecido, contra cuatro custodios con lesiones leves que a la fecha sostiene la Segob.

Contradicción 2. ‘Todo bajo control’ 
La Segob aseguró que la situación estaba bajo control.
“Autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) restablecieron el orden en el Complejo Penitenciario Islas Marías, luego de que a las 09:00 horas de hoy se registró una protesta de internos en el módulo Laguna del Toro, donde aproximadamente 650 de ellos manifestaron diversas inconformidades con algunos de los servicios que se brindan en este centro”, dijo en su comunicado. 
El domingo 3 de febrero, Noroeste logró contactar con personas que trabajan en las Islas Marías, a quienes no le permitieron salir del complejo penitenciario sino hasta dos días después. Un dato llamaba la atención. Los reclusos lograron ocultarse en la zona montañosa y agreste. Los contactos de Noroeste dijeron que se trataba de al menos 600 presos los que estaban ocultos entre la maleza. Por lo tanto, negaban que la situación estuviera bajo control. 
El proceder de la Segob no fue dar mayor información de manera abierta, sino que envió a Noroeste un comunicado en el que precisaba que no eran 600 sino 50 los reclusos que aún estaban ocultos entre el monte. Nunca mencionaron la palabra prófugos, pero ¿cómo se le puede llamar a 50 reos que no están donde deben estar
Además, debido al motín, el Consejo de la Judicatura Federal decretó la suspensión de labores del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías y anunció apenas ayer, a nueve días del conflicto, que las actividades se reactivarán hasta que se restauren las condiciones de seguridad y operatividad necesaria para su funcionamiento. 

Contradicción 3 ‘Atenderá el caso Derechos Humanos de Segob’ 
La Segob aseguró que su personal de la dirección de Derechos Humanos analizaría las demandas de los internos.
“Por instrucción del Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, personal de la Dirección de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Seguridad acudirá al Complejo Penitenciario para recibir y analizar las demandas de los internos”, anunció.
El martes 5 de febrero, familiares de tres internos interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual fue turnada a la CNDH, porque simple y sencillamente no sabían nada de ellos, si estaban heridos, si fueron trasladados, si estaban bien. Nada, no tenían acceso a ellos.
También comenzaron las llamadas a la Redacción de Noroeste desde otros estados del país de padres buscando algún dato que les pudiera indicar en qué situación se encontraban sus hijos. 
Entre esas llamadas, uno de esos padres compartió que al fin había entablado comunicación con un contacto en las Islas Marías. Le dijo que su hijo estaba en el módulo Las Cruces, en una celda de castigo junto a otros internos, que tenía fracturas y que estaban incomunicados. 
A una semana del motín, la CNDH apenas recibía la autorización para ingresar a las Islas Marías. 
De acuerdo al visitador Andrés Aguirre, desde el mismo día del conlficto se solicitó el ingreso. “Padecemos bastante hermetismo”, admitió en entrevista.
Las dudas están sin aclararse y el tiempo pasa. Pareciera que la Segob apuesta al olvido. Dos cosas que no debemos perder de vista: ¿Por qué quieren enterrar este caso? ¿Vuelven con Peña Nieto los tiempos del oscurantismo en la información pública?  

Twitter @Cuamea

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/12-02-2013/12514. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

lunes, 30 de mayo de 2011

La SIP repudia atentado contra diario Vanguardia


Miami (30 de mayo de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa repudió un atentado contra las instalaciones del periódico mexicano Vanguardia, al tiempo que pidió al gobierno una “investigación expedita, para evitar que hechos salvajes como éstos sigan minando la libertad de prensa” y que adopte medidas de seguridad para el personal del diario.

Este domingo por la noche, un grupo de desconocidos arrojó una granada de fragmentación contra las instalaciones del diario Vanguardia de Saltillo, en el estado de Coahuila, provocando daños materiales. Nadie del personal, que todavía trabajaba en el edificio cuando se produjo el estallido alrededor de las 11 de la noche, fue afectado.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Siglo 21, dijo “que las autoridades tienen la obligación de realizar una investigación expedita, para evitar que hechos salvajes se sigan reproduciendo”. Agregó que si los responsables “no son castigados con todo el peso de la ley, se corre el riesgo que los violentos cumplan con su objetivo de intimidar a los medios, que éstos se autocensuren y que se siga minando la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado”.

Marroquín dijo que es necesario que la “libertad de prensa sea garantizada y protegida”, por lo que reclamó a las autoridades que se adopten “rápidas medidas para salvaguardar la seguridad de todo el personal de Vanguardia”.

El diario Vanguardia, un medio independiente y de prestigio en el norte de México, viene estableciendo, desde hace años, medidas de seguridad para sus periodistas debido a sus investigaciones y denuncias sobre crimen organizado y corrupción.

Todavía no hay mucha claridad sobre los móviles del atentado, si se debió a publicaciones hechas por el diario o a un nuevo acto violento de las bandas del crimen organizado para conseguir atención pública.

En la ciudad de Saltillo, fue asesinado en enero de 2010 el periodista Valdés Espinosa, tras publicar sobre operativos realizado contra organizaciones criminales. El crimen está impune. Meses atrás, después de ser detenido un líder de uno de los grupos de la mafia, fueron asesinados varios policías, recibiéndose amenazas en la salas de Redacción de varios medios de la ciudad de Saltillo y en la región.

martes, 24 de mayo de 2011

Narcocorridos: “Prohibir es promover”

Francisco Cuamea

Texto publicado en el Semanario Ríodoce (riodoce.com.mx) en la edición 22-28 de mayo.


Pareciera una vieja ley del sentido común, pero el “decreto Malova” contra narcocorridos indica lo contrario.

Lo prohibido cautiva, seduce, genera interés. Despierta morbo, dice la vox pópuli.

Pero no solo es conocimiento popular, sino que la atracción por lo prohibido es una reacción humana demostrada por la psicología, en particular, por la psicología social.

Tomás Guevara Martínez, coordinador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explica que existe un fenómeno llamado efecto de la denegación, el cual consiste en prohibir algo y que el resultado sea exactamente el contrario del que se espera con la medida restrictiva.

El 2 de mayo, el gobierno de Mario López Valdez publicó en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el decreto en el que, entre otros, condiciona en su artículo 16 la revalidación de licencias de alcohol a la no proyección de narcocorridos. “Constancia que expida la Dirección —dice la fracción VI— de que en ese establecimiento no se haya vendido, exhibido, expuesto y/o reproducido música, videos, imágenes y/o espectáculos artísticos tendientes a enaltecer criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas, durante el periodo comprendido desde Ia fecha en que se revalidó su licencia por última vez, hasta la fecha de la nueva solicitud de revalidación”.

Además de que los gustos no cambian por decreto, Guevara Martínez advierte que con esta medida podría aumentar aún más el interés por los narcocorridos.

“No hay nada que cautive más, no hay nada que llame más la atención que lo prohibido”, comenta.

—¿Prohibir es promover?
—Prohibir es promover, desde la perspectiva de la psicología y la psicología social. Esta disciplina ha estudiado que aquello que se prohíbe termina por convertirse en una promoción.

Los narcocorridos han mutado y han pasado de ser relatos de hechos a promociones del delito, del asesinato, del enfrentamiento… pero prohibirlos no es la medida indicada, acota Guevara Martínez.

“Si la idea es que con la prohibición la gente deje de escucharlos, yo creo que lo que va a pasar es que los van a dejar de tocar en los lugares públicos, pero eso no va a evitar que la gente encuentre otras formas, incluso, mucho más a la mano para oír ese tipo de música, además, con más ganas, pues, porque yo quiero saber qué tiene eso que lo están prohibiendo”, expone.

—¿Es más como una promoción?
—Claro, el efecto de la denegación, al decir que el resultado es contrario, quiere decir que, si yo lo que quiero es que no se promueva, el efecto contrario es que va a haber una promoción.

Como ejemplo de ello, rememora el sexenio de Francisco Labastida Ochoa (1987-1992).

“Labastida mandó hacer estudios asociados sobre los problemas de la entidad, entre ellos la violencia. Llegaron a la conclusión de que los narcocorridos ejercían una influencia muy fuerte en el culto a los narcotraficantes y que entonces si se prohibían aquellos en los que abiertamente hacían apología al criminal, seguramente esto iba a disminuir el culto a esas personas”.

Entonces, dice, se enlistaron cerca de 190 narcocorridos y se acordó con las radiodifusoras que no se programaran.

“Los Tigres del Norte sacaron 12 ó 13 canciones que incluía la lista de Labastida y al disco le puso Los Corridos Prohibidos (editado en 1989). Al año, los Tigres del Norte recibieron el disco de platino en Los Ángeles por récord de venta”.

La agrupación norteña de Rosamorada, Mocorito, repetiría la hazaña, pues en 2007 sacó al público la edición especial Herencia Musical: 20 Corridos Prohibidos, el cual alcanzó la primera posición en ventas, dentro del chart Regional Mexican Albums de la revista Billboard.

“Según las autoridades, la censura está calificada, pero algunas veces esta es errónea, así que creo debería haber un balance. Esas autoridades que prohíben las canciones, telenovelas o películas que, ellos consideran, exaltan a narcotraficantes, deberían hacer también una ley que justifique con razones válidas por qué no deben ser difundidas. Yo creo, que la realidad que se vive en México no se puede ocultar”, dijo el lunes Jorge Hernández, vocalista de los Tigres del Norte.

Desde el Laboratorio de de Estudios Psicosociales de la Violencia de la UAS, Guevara Martínez y su equipo conformado por 45 estudiantes, se han adentrado al fenómeno violento desde la perspectiva de la identidad.

Su aproximación al tema hace que sus argumentos fluyan y fluyan.

“Ahora esto de la prohibición: a mí me parece que sería entonces la salida menos indicada. Creo que hay otras formas. A mí me preocupa mucho que las medidas oficiales que se están tomando en torno a la violencia como este asunto del narcocorrido vayan más a atacar la parte de las consecuencias y no a la parte de las causas”, advierte.

“El culto al narcocorrido es una consecuencia de la situación que estamos viviendo no una causa. Tenemos que ver porqué los jóvenes prefieren oír eso que otro tipo de música”.

—¿El éxito del narcocorrido no fuera tal si no hubiera impunidad?
—Sí porque la impunidad tiene muchas formas de manifestación, no solamente es la corrupción de dejar hacer dejar pasar, sino también la incapacidad en el cumplimiento de la responsabilidad, que es la parte que yo creo que no entiende el Gobierno en México. Hoy lo hace el gobernador pensando en que va a tener un efecto positivo en la sociedad. Yo creo que el gobernador no tiene ni idea de cómo piensa la sociedad, porque yo estoy seguro que la respuesta de los grupos sociales va a ser de enojo. Los gustos no cambian, el gusto por comer algo, por oír algo, cierto tipo de música no cambia solo porque alguien me lo prohíba.

Para conocer las causas requiere trabajo de investigación, observa Guevara Martínez, porque el primer paso para conocer un problema es indagar las dimensiones exactas y eso lo hace, por ejemplo, la ciencia.

“No se ha hecho. Se piensa más en el impacto”.

Y ahora Malova quiere que la prohibición de narcocorridos se extienda a nivel nacional.

¿Irán contra Internet?

—8 MILLONES 614 MIL 998 VECES ha sido visto el video oficial Los Sanguinarios del M1, sin contar los no oficiales que también rebasan el millón.
—2.7 MILLONES DE HABITANTES tiene todo el estado de Sinaloa, de acuerdo con el censo del INEGI 2010.
—3.4 MILLONES DE HABITANTES tiene todo el estado de Chihuahua, de acuerdo con el censo del INEGI 2010.



Censura sin sustento

Con 10 años de investigación sobre narcocorridos, Anajilda Mondaca Cota asegura que, a la fecha, no hay sustento que demuestre que estos inciten a la violencia o conviertan al que los escucha en delincuentes.

Investigadora de la Universidad de Occidente y actualmente doctorante en Estudios Científico-Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, opina que los narcocorridos tienen más de 40 años de existir como tales, por lo que el “decreto Malova” no influirá a quienes quieran ejercer la violencia.

“Me parece que es una medida que tampoco va a tener el efecto que se espera; que eso no va a mover ni un ápice siquiera a los que intenten caer en actos de violencia”, expresa.

“La base de toda violencia y de todo el problema que estamos padeciendo más bien tiene su base en la corrupción y la impunidad. La corrupción te atrae violencia, la corrupción te atrae desconfianza, la corrupción atrae miedo, atrae impotencia y conduce a la violencia”.

Autora del ensayo Las mujeres también pueden. Género y Narcocorrido, comenta que hay algunas versiones que indican que las primeras prohibiciones comenzaron a ejecutarse en el momento en que los narcocorridos empezaron a cantar las complicidades de los criminales con el Gobierno.

Ahora se condiciona la revalidación de la licencia de alcoholes a aquellos lugares que no reproduzcan canciones de narcos, pero seguirán tocándose en todas partes, advierte Mondaca Cota.

“Dime en qué esquina no encuentras la venta de discos, en Internet, en la televisión abierta, en la televisión privada, en las fiestas particulares, donde quiera la escuchas, ni se diga en las rocolas. En centros comerciales me ha tocado escucharlos, en una zapatería, en un lavado de carros”.

La pesada sombra del patrimonialismo





Texto publicado el 18 de mayo de 2011

en http://blogs.eluniversal.com.mx,

blog de México Infórmate


Por Francisco Cuamea*

La relación ciudadano-gobierno revela hilos de poder

manejados por unos cuantos que son como una pesada

sombra patrimonialista y que oscurecen demasiados

puntos de la geografía nacional.

Un sinaloense tiene que pelear en instancias judiciales

por los estados de cuenta de aportaciones ciudadanas

para pavimentación que un municipio le negó.

En Veracruz pretenden eliminar que las resoluciones

del Instituto de Acceso a la Información de dicha entidad

sean definitivas y obligatorias para los sujetos obligados.

Las reformas a leyes de transparencia son aplazadas

tanto en la Cámara de Diputados, como en el Congreso

de Puebla, por ejemplo.

Información sobre fideicomisos ha sido negada

de manera reiterada por la dependencia pública

que resguarda la información.

La lista es larga y se extiende por distintos puntos

del territorio nacional, cuyo común denominador

es la opacidad gubernamental, aunque haya sus excepciones.

¿Cómo interpretar o entender que a más de 10 años

de que en el país se abrió la puerta a leyes de transparencia

y acceso a la información permanezcan las inercias opuestas

y continúen como instrumento de discurso?

La democracia se practica, no se dice. El vía crucis ciudadano

para defender su derecho a saber es un efecto del ejercicio

de poder que aún impera en México, el cual no tiene como

premisa el respeto a los derechos humanos, entre ellos,

el del acceso a la información, como lo establece

el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cuando la apertura informativa es obstruida, negada, postergada

y complicada, el Estado no sólo revela el sentido patrimonialista

sobre los datos públicos, sino que además no intenta legitimarse

con la verdad. Si no sigue este camino, entonces quiere decir

que encuentra sus justificaciones en otra parte.

La historia moderna del país cuenta con suficientes hechos

como para asegurar que por décadas el Estado buscó

sostenerse por la fuerza y el miedo, no por el derecho,

que era siervo del poder.

Para el filósofo mexicano, Juan Federico Arriola, la libertad

de información es uno de los pilares de un gobierno legítimo.

“Cuando los gobiernos desvirtúan los hechos o callan deliberadamente,

están violando el derecho humano a saber la Verdad.

Gobiernos mentirosos difícilmente podrán ser aceptados

como legítimos. Legitimidad y Verdad forman un binomio

necesario para el Estado de Derecho (Teoría General de la Dictadura.

Juan Federico Arriola Cantero. Páginas 30 y 31. Trillas)”.

El acto de esconder la verdad está enraizado en la cultura política

del país, aunque de a poco van surgiendo algunos funcionarios

que tratan de hacer la diferencia.

Sin embargo, la opacidad todavía es la norma, al grado de que

Jacqueline Peschard insistió en entrevista del 15 de mayo

que el acceso a la información pública es un derecho

de los ciudadanos no de las dependencias del Estado.

De acuerdo al boletín IFAI/060/11 del Instituto Federal de Acceso

a la Información y Protección de Datos, la comisionada presidenta

se dijo sorprendida de que dentro de las dependencias y entidades

gubernamentales se esté formulando la pregunta:

“¿Cómo me voy a defender?” de las resoluciones del instituto,

ante las reformas a la ley de Transparencia atoradas en la Cámara de Diputados.

“¿Defender de qué?”, preguntó Peschard, “si es una obligación

que tenemos los funcionarios públicos de entregar la información

y rendir cuentas. La ley lo dice clarísimo, la Constitución dice en su

artículo sexto que la información en manos de todos los entes públicos,

en todos los niveles de gobierno, es pública; no es de los servidores

públicos; no es algo mío que, como funcionario, tenga que defender

y buscar una fórmula para defenderla. Es una información que nosotros

sólo resguardamos. La dueña de la información es la población para

la cual se gobierna”, expuso.

Toda relación es tensión, pero en el caso de ciudadanos y sus gobiernos

la lucha es desproporcionada y los titulares del derecho a la información

frecuentemente sufren el mayor desgaste.

Los ciudadanos no están contentos con el trato que se les da y la legitimidad

de las instituciones públicas, nos referimos a aquella que se sostiene

en la credibilidad, está estancada en el sótano.

De acuerdo con el más reciente estudio Economía, Gobierno

y Política de Consulta Mitofsky (www.consulta.mx), las instituciones

que promedian menor confianza, debajo de 6.7 puntos,

son el Instituto Electoral, la Suprema Corte de Justicia,

el Presidente de la República, los senadores, la policía,

los diputados, los sindicatos y los partidos políticos.

Son instituciones cuya materia son el arribo y ejercicio del poder,

así como seguridad y justicia, todos conceptos sustanciales

del Estado democrático.

Una lectura de ello es, precisamente, que los ciudadanos no perciben

que los organismos del Estado trabajen a su favor. No hay justicia,

ni seguridad ni el poder es para servir al soberano. Si no es así,

entonces es que persiguen intereses de unos cuantos.

Situación que se constata por esa “preocupación” que describe Peschard

de quienes integran las dependencias y entidades gubernamentales:

“¿Cómo me voy a defender? de las resoluciones del IFAI”.

Tal es el diagnóstico del poder en México. Una minoría empoderada

dirige el Estado y su sentido de que lo público le pertenece

no ha sido desterrado.

Cuando la transparencia, el acceso a la información

y la rendición de cuentas funcionen con tanta naturalidad

que ya no sea tema de discusión, estaremos hablando

entonces de un país que practica la democracia

y en el que la libertad y el respeto a los derechos

humanos es la premisa del ejercicio del poder.

La pesada sombra del patrimonialismo

habrá desaparecido.

Sigamos peleando.

*Director de Iniciativa Sinaloa, A. C. iniciativasinaloa@gmail.com.

martes, 17 de mayo de 2011

Liz no debió morir


Francisco Cuamea

Texto publicado en el semanario Ríodoce (riodoce.com.mx) edición 15-21 de mayo.


Liz estaba decidida a estudiar criminalística, pero murió asesinada el día que su madre le prometió todo el apoyo para que cumpliera su sueño. Tenía 19 años.

—¿De verdad eso quieres? —preguntó Marbella, su mamá.
—Sí, eso quiero.

—Ok, si tengo que juntar botes para vender, para apoyarte, yo te voy a apoyar.

La estudiante del tercero de preparatoria del Cobaes 23 saltó de gusto, pues planeaba ir a Mazatlán para informarse sobre las licenciaturas de criminalística que se ofertan en el puerto.

Horas más tarde su cuerpo se desangraba perforado por las balas.

Una joven decidida

Morena, ojos verdes, esbelta, Reina Lizbeth Félix Nevárez a nadie negaba el saludo. Ganó la banda de Señorita Simpatía en el concurso de belleza de la prepa.

Cristiana Evangélica, como su familia, le echaba ganas. Era persistente y decidida. Hija de un operador de maquinaria y una empleada doméstica, trabajaba y estudiaba.

Fue cajera en un restaurante de comida china; telefonista de una tienda departamental; vendió cevichurros y ayudó a su mamá cuando vendieron cena en su casa por una temporada.

No tenía novio.

“Los novios estorban, quiero estudiar y salir adelante”, solía decir.

En noviembre de 2009, Liz, como le decían, hacía su servicio social en Tránsito.

Inspirada por la detective Olivia Benson, personaje principal de la serie televisiva La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, quería estudiar criminalística. Pero si no podía, su segunda opción era ser agente vial.

Marbella narra los últimos momentos de su hija, desde la sala comedor de una casa en obra negra y enclavada a media loma, entre calles sin pavimento.

Empleada doméstica, cuenta con apenas 39 años. Se le nota un carácter alegre y optimista ante la vida, pero el recordar la tragedia de su hija se le mojan los ojos y se tensa su gruesa piel morena.

“Le decíamos, ‘hija, eso es muy peligroso’”, recuerda su mamá.

“Mami, es que todo es peligroso, a donde vayas hay peligro”.

El 27 de noviembre de 2009, el día en que murió, Marbella y Liz compartieron mensajes de texto vía celular.

A las 14:00 horas:

“¿Qué hiciste de comer?”, preguntó la joven.

“Nada, estoy trabajando”, respondió la madre, que en esos momentos apoyaba en un negocio de sus sobrinos.

“Ya salí de la escuela, pero voy al trabajo social. Me voy derecho a Tránsito. Al ratito nos vemos”.

17:00 horas:

“¿Mami, ya llegaste?”.

“No, voy a salir tarde, como a las 9 (de la noche)”.

“Ok, ya iba para la casa pero me voy a regresar (a Tránsito), me llamaron porque una secretaria no llegó a trabajar.

Marbella llegó a casa antes, a las 8:30 de la noche y su esposo preguntó por Liz. Ninguno de los dos tenía conocimiento de su paradero.

La joven madre marcaba y marcaba al celular de su hija, pero solamente respondía el frío y hueco buzón. Se echó a llorar, preocupada.

“Era ilógico para mí que ella apagara el teléfono”, cuenta.

—Algo no anda bien, le dijo a su marido.
—Ya acuéstate, respondió él.

Aunque no quería, el sueño la venció.

A la media noche, entre la penumbra de calles sin alumbrado público, surgió una silueta, se acercó a la casa y tocó la puerta.

Era el presagio de malas noticias.

Liz ha muerto

Marbella despertó sobresaltada cuando oyó que tocaron la puerta. Era un amigo de Liz y llevaba las intenciones de saber si los papás sabían de su muerte.

Había sido ubicado por los agentes investigadores a través del celular de la joven.

“Pasó un accidente en Navolato y parece que una de las personas heridas es la Reina”, sondeó.

Rápido llamó a su esposo, quien de un salto pasó de la recámara a la puerta de la casa.

En eso estaban cuando llegó un vehículo de la funeraria. Llevaba la misión de confirmar el nombre de Reina Lizbeth, pues no tenían preciso el dato.

Nada más bajó el conductor y Marbella, alterada, dándose cuenta de lo que venía, lo agarró del cuello.

“¿Qué pasó? Dime”, gritó más que como orden, como una súplica desesperada.

Lo que escuchó le arrancó la mitad de su corazón.

A las 8 de la noche de ese 27 de noviembre de 2009, un grupo armado disparó contra una camioneta Mitsubishi que circulaba a la altura de Bachoco, Navolato.

Las ráfagas expulsaron al menos 60 balas de cuerno de chivo, de acuerdo con los reportes de prensa. Los disparos acabaron con la vida del conductor de la unidad y con los 19 años y sueños de Liz, quien viajaba al costado.

La puerta de la camioneta quedó abierta. La mitad de su cuerpo quedó colgada del cinturón de seguridad. Su cabello, que apenas unos minutos posaba sobre su moreno rostro y ojos verdes, casi rozaba el suelo. Muerto.

“Yo sé que la muerte no era para ella, estoy cien por ciento segura”, exclama ahora la madre, una de las tantas que están de luto en Sinaloa y México.

“También estoy consciente de que tenemos un tiempo en esta vida. A lo mejor era su tiempo”, expresa intentando una resignación cristiana que parece no lograr.

A un año y seis meses, la familia de Liz no sabe qué fue lo que pasó ni qué hacía la joven en esa camioneta ni cómo fue a dar a Bachoco. Marbella asegura desconocer a quien conducía la camioneta, pero afirma que si hubiera sido su amigo, ella lo hubiera conocido.

Los periódicos reportaron que en la caja de la unidad se hallaron botes de cerveza, un refrigerador y un par de abanicos. También se habla de que en la parte de atrás venía una pareja que alcanzó a huir.

Del por qué, nada. De los culpables, menos.

Con la marca de la casa: la impunidad

Liz cuidaba de su abuela Chelo después de que sufrió una embolia cerebral.

La atendía, la bañaba, la alimentaba.

Pasaron los días y comenzó a extrañarla.

“¿Dónde está?”, preguntaba por esa joven vigorosa.

La abuela murió tres meses después que Reina Lizbeth.

“Le entró tristeza, ya no quiso comer, y se fue”, dice Marbella.

La familia de la estudiante del Cobaes 23, ubicado en Barrancos, carga ahora con la doble pena de su muerte y de la impunidad del caso.

Ignoran por completo los móviles del crimen, los culpables y los avances, si es que hay, en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Tampoco se le ofreció acogerse a la Ley de Protección para Víctimas del Delito, cuyos beneficios debe enterar el Ministerio Público a los afectados.

Por lo tanto, la familia de Liz, ni sus papás ni sus dos hermanas, recibieron el apoyo funerario ni la atención sicológica que les ayude a sobrellevar su tragedia.

“Lo que más quiere uno es que se haga justicia, pero sabemos que el que hace justicia está en el cielo”, dice Marbella.

“Lo único que le pido a Dios es que los perdone, porque yo nunca los voy a perdonar; como madre, a mí me arrancaron la mitad de mi corazón, es algo que no te deja vivir, vives porque sabes que la vida sigue, pero vives ya con el corazón destrozado”.

“Seleccionen bien sus amistades”


Marbella y sus hijas marcharon el 8 de mayo durante las actividades de la Emergencia Nacional, convocada por el poeta Javier Sicilia.

Desde la plazuela de la Álvaro Obregón hasta el Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recorrieron las calles del centro de Culiacán, bajo el sol de las 2 de la tarde, sujetando una lona con fotos de Liz y exigiendo justicia.

Pero Marbella no deja de ser madre y, tras la amarga experiencia de su familia, pide la oportunidad de enviar un mensaje a los jóvenes.

“No se confíen tanto en los amigos, seleccionen bien sus amistades, vean quién verdaderamente es su amigo y quién no”, recomienda.

“No confíen, que se cercioren bien, que no se les haga fácil subirse en cualquier carro, porque ahorita las chamacas se deslumbran con un carro. Que no trunquen sus sueños porque la delincuencia está deteniendo los sueños de los jóvenes quitándoles la vida”.

Y al Gobierno le pide que se haga justicia.

“Que no sea un caso perdido más en la historia”.

Liz descansa ahora y lleva consigo su banda de Señorita Simpatía.


Mujeres asesinadas*

Desde 2005 al 28 de abril de este año, 386 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso.

Año Mujeres asesinadas
2005 44
2006 34
2007 48
2008 50
2009 69
2010 111
2011** 30
TOTAL 386

* Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
** Hasta el 28 de abril de este año.

martes, 10 de mayo de 2011

Se buscan sicarios: sin experiencia

Francisco Cuamea

Texto publicado en el semanario Ríodoce (riodoce.com.mx) edición 8-14 de mayo de 2010


¿Experiencia? ¿Antecedentes? ¿Estudios? No. Para ingresar a las filas de la delincuencia organizada, al parecer, ya no es obligatorio haber cometido delitos con anterioridad.

Y es que siete de cada diez personas asesinadas durante el sexenio pasado y en lo que va del actual no contaban con antecedentes penales. Esta característica, sin embargo, no puede generalizarse, ya que algunas han sido víctimas inocentes.

De acuerdo con un análisis de datos proporcionados a Ríodoce por la Procuraduría General de Justicia del Estado, también se tiene que tres de cada diez asesinatos durante el periodo 2005-2010 corresponde a personas con edades que oscilaban de los 11 a los 30 años. Y en lo que va del actual, el índice sube a cuatro de cada diez.

Los reclutas son más jóvenes y sin experiencia obligatoria, como es el caso de Alejandro, el joven de 16 años detenido el jueves por el Ejército, en Guamúchil, junto a otras siete personas con edades que van de los 19 a los 35 años.

“Mucha gente que nunca conoció de faltas leves, de faltas administrativas, de pequeños delitos, es reclutada para entrar directamente a las actividades ilícitas que te generan mejores dividendos”, explica el criminalista Jesús Alfredo López Reyna.

Necesidades de recluta tumban filtros


Su estatura es abajo del promedio, pero conoce el fenómeno delictivo a través del estudio criminalístico y de la experiencia adquirida en la función pública.

A petición de Ríodoce, Jesús Alfredo López Reyna interpreta la estadística de la PGJE relacionada con la edad, antecedentes, tipo de armas, entre otras variables de los homicidios dolosos perpetrados de 2005 a la fecha.

Durante el sexenio 2005-2010, según las cifras oficiales, se cometieron 6 mil 629 homicidios, de ellos el 73 por ciento corresponde a personas que no tenían antecedentes penales, mientras en lo que va del actual sexenio, hasta el 28 de abril, fecha en que la información fue entregada vía Infomex, el 74 por ciento de las víctimas de homicidios no contaba con antecedentes penales.

“En gran parte —dice— este dato nos refiere que para ingresar a una actividad delictiva del crimen organizado, de la alta delincuencia, no se requiere pasar por los niveles inferiores. Ahí no te piden experiencia. Pueden entrar directamente”.

El maestro en Ciencias Penales con Especialidad en el Área de Criminalística explica que, anteriormente la actividad del narcotráfico en la región, principalmente, era fundamentalmente de producción y transporte.

Estas actividades generaban un grupo muy concentrado de integrantes involucrados en dicha dinámica.

“Al momento que se viene el fenómeno del consumo y aparecen nuevas drogas, la actividad se vuelve más disímbola, entonces se requiere de un ejército mayor para operarla”, dice.

“Mucha gente que nunca conoció de faltas leves, de faltas administrativas, de pequeños delitos, es reclutada para entrar directamente a las actividades ilícitas que te generan mejores dividendos”.

Década de los 20: jóvenes pistoleros

Se dice que la década de los 20 años es para iniciar una trayectoria. “Es para echar a perder”, para experimentar. Para aprender.

La quinta parte de los 6 mil 629 homicidios que reconoce la PGJE durante el sexenio pasado fueron contra jóvenes de 21 a 30 años.

En este rango, cayeron víctimas de asesinato mil 402 personas.

“Si lo analizas con la última década anterior de incidencia del homicidio doloso, te vas a dar cuenta de que el rango de edad era más alto, más tarde; yo te puedo decir ahora que, de permanecer las mismas características, las mismas variables que están afectando el fenómeno delictivo, se va a reducir la edad, va a tender a ser más temprano, la gráfica va a tender a elevarse en los primero años, entre los 15 años y los 30 años”, comenta López Reyna.

“De permanecer la tendencia, la edad va a tender a reducir. ¿Por qué? Porque hasta este momento no hay una acción específica tanto del Gobierno federal como de las entidades”.

Hay que analizarlo también, añade, con el factor educativo, con la deserción escolar, índice de reprobación y eficiencia terminal.


Rostros del homicidio

Análisis estadístico con base en datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre homicidios dolosos cometidos de 2005 al 28 de abril, fecha en que fue entregada la información.

Antecedentes penales

Sexenio 2005-2010
Total de homicidios 6629 (100%)
Con antecedentes 1815 (27%)
Sin antecedentes 4814 (73%)
El 73 por ciento de los homicidios dentro del periodo 2005-2010 corresponde a víctimas sin antecedentes penales.
Es decir, siete de cada 10.

Sexenio actual

Total 465
Con antecedentes 119 (26%)
Sin antecedentes 346 (74%)
El 74 por ciento de los homicidios dentro del periodo enero a abril (28) corresponde a víctimas sin antecedentes penales.
Es decir, siete de cada 10.
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Edades

Sexenio 2005-2010*
Total 6629 (100%)

11 a 20 años 493 (7%)
21 a 30 años 1402 (21%)
31 a 40 años 1367 (21 %)
41 a 50 años 650 (10%)
El 52 por ciento de los homicidios dentro del periodo 2005-2010 corresponden a víctimas en edad de Población Económicamente Activa.
Es decir, 5 de cada 10.
* El resto corresponde a grupos de edad que van de 1 a 10 años y de 51 a 101 años.

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Sexenio actual**
Total 465 (100%)
11 a 20 años 49 (11%)
21 a 30 años 126 (27%)
31 a 40 años 129 (28%)
41 a 50 años 52 (11%)

El 66 por ciento de los homicidios dentro del periodo enero a abril (28) corresponden a víctimas en edad de población en edad de trabajar.

** * El resto corresponde a grupos de edad que van de 1 a 10 años y de 51 a 101 años.

 
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