martes, 24 de mayo de 2011

La pesada sombra del patrimonialismo





Texto publicado el 18 de mayo de 2011

en http://blogs.eluniversal.com.mx,

blog de México Infórmate


Por Francisco Cuamea*

La relación ciudadano-gobierno revela hilos de poder

manejados por unos cuantos que son como una pesada

sombra patrimonialista y que oscurecen demasiados

puntos de la geografía nacional.

Un sinaloense tiene que pelear en instancias judiciales

por los estados de cuenta de aportaciones ciudadanas

para pavimentación que un municipio le negó.

En Veracruz pretenden eliminar que las resoluciones

del Instituto de Acceso a la Información de dicha entidad

sean definitivas y obligatorias para los sujetos obligados.

Las reformas a leyes de transparencia son aplazadas

tanto en la Cámara de Diputados, como en el Congreso

de Puebla, por ejemplo.

Información sobre fideicomisos ha sido negada

de manera reiterada por la dependencia pública

que resguarda la información.

La lista es larga y se extiende por distintos puntos

del territorio nacional, cuyo común denominador

es la opacidad gubernamental, aunque haya sus excepciones.

¿Cómo interpretar o entender que a más de 10 años

de que en el país se abrió la puerta a leyes de transparencia

y acceso a la información permanezcan las inercias opuestas

y continúen como instrumento de discurso?

La democracia se practica, no se dice. El vía crucis ciudadano

para defender su derecho a saber es un efecto del ejercicio

de poder que aún impera en México, el cual no tiene como

premisa el respeto a los derechos humanos, entre ellos,

el del acceso a la información, como lo establece

el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cuando la apertura informativa es obstruida, negada, postergada

y complicada, el Estado no sólo revela el sentido patrimonialista

sobre los datos públicos, sino que además no intenta legitimarse

con la verdad. Si no sigue este camino, entonces quiere decir

que encuentra sus justificaciones en otra parte.

La historia moderna del país cuenta con suficientes hechos

como para asegurar que por décadas el Estado buscó

sostenerse por la fuerza y el miedo, no por el derecho,

que era siervo del poder.

Para el filósofo mexicano, Juan Federico Arriola, la libertad

de información es uno de los pilares de un gobierno legítimo.

“Cuando los gobiernos desvirtúan los hechos o callan deliberadamente,

están violando el derecho humano a saber la Verdad.

Gobiernos mentirosos difícilmente podrán ser aceptados

como legítimos. Legitimidad y Verdad forman un binomio

necesario para el Estado de Derecho (Teoría General de la Dictadura.

Juan Federico Arriola Cantero. Páginas 30 y 31. Trillas)”.

El acto de esconder la verdad está enraizado en la cultura política

del país, aunque de a poco van surgiendo algunos funcionarios

que tratan de hacer la diferencia.

Sin embargo, la opacidad todavía es la norma, al grado de que

Jacqueline Peschard insistió en entrevista del 15 de mayo

que el acceso a la información pública es un derecho

de los ciudadanos no de las dependencias del Estado.

De acuerdo al boletín IFAI/060/11 del Instituto Federal de Acceso

a la Información y Protección de Datos, la comisionada presidenta

se dijo sorprendida de que dentro de las dependencias y entidades

gubernamentales se esté formulando la pregunta:

“¿Cómo me voy a defender?” de las resoluciones del instituto,

ante las reformas a la ley de Transparencia atoradas en la Cámara de Diputados.

“¿Defender de qué?”, preguntó Peschard, “si es una obligación

que tenemos los funcionarios públicos de entregar la información

y rendir cuentas. La ley lo dice clarísimo, la Constitución dice en su

artículo sexto que la información en manos de todos los entes públicos,

en todos los niveles de gobierno, es pública; no es de los servidores

públicos; no es algo mío que, como funcionario, tenga que defender

y buscar una fórmula para defenderla. Es una información que nosotros

sólo resguardamos. La dueña de la información es la población para

la cual se gobierna”, expuso.

Toda relación es tensión, pero en el caso de ciudadanos y sus gobiernos

la lucha es desproporcionada y los titulares del derecho a la información

frecuentemente sufren el mayor desgaste.

Los ciudadanos no están contentos con el trato que se les da y la legitimidad

de las instituciones públicas, nos referimos a aquella que se sostiene

en la credibilidad, está estancada en el sótano.

De acuerdo con el más reciente estudio Economía, Gobierno

y Política de Consulta Mitofsky (www.consulta.mx), las instituciones

que promedian menor confianza, debajo de 6.7 puntos,

son el Instituto Electoral, la Suprema Corte de Justicia,

el Presidente de la República, los senadores, la policía,

los diputados, los sindicatos y los partidos políticos.

Son instituciones cuya materia son el arribo y ejercicio del poder,

así como seguridad y justicia, todos conceptos sustanciales

del Estado democrático.

Una lectura de ello es, precisamente, que los ciudadanos no perciben

que los organismos del Estado trabajen a su favor. No hay justicia,

ni seguridad ni el poder es para servir al soberano. Si no es así,

entonces es que persiguen intereses de unos cuantos.

Situación que se constata por esa “preocupación” que describe Peschard

de quienes integran las dependencias y entidades gubernamentales:

“¿Cómo me voy a defender? de las resoluciones del IFAI”.

Tal es el diagnóstico del poder en México. Una minoría empoderada

dirige el Estado y su sentido de que lo público le pertenece

no ha sido desterrado.

Cuando la transparencia, el acceso a la información

y la rendición de cuentas funcionen con tanta naturalidad

que ya no sea tema de discusión, estaremos hablando

entonces de un país que practica la democracia

y en el que la libertad y el respeto a los derechos

humanos es la premisa del ejercicio del poder.

La pesada sombra del patrimonialismo

habrá desaparecido.

Sigamos peleando.

*Director de Iniciativa Sinaloa, A. C. iniciativasinaloa@gmail.com.

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