La seguridad pública fue el pretexto para que Malova urgiera al gobierno saliente a comprar nuevas patrullas y para que la administración de Jesús Aguilar Padilla acelerara la maquinaria para adquirir 90 unidades equipadas a Leonardo el Nalo Félix por un monto de 50 millones 899 mil 207 pesos.
Y también, con esa “premisa”, el Comité Intersecretarial del Gobierno del Estado decidió no licitar la compra, ni tampoco realizar el procedimiento de invitación a tres proveedores, como dijera Armando Villarreal Ibarra, actual secretario de Administración y Finanzas, sino determinar que de manera directa se adquirieran las 90 patrullas al “padre empresarial” de Malova.
“La prioridad que para el gobierno del licenciado Mario López Valdez tiene el orden público y a su compromiso de campaña el de establecer desde el inicio de su gobierno un cambio en las estrategias y técnicas de operación de las corporaciones de seguridad pública, por lo que se propone un proyecto de equipamiento para las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”, consta en el acta de la sesión 06/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado con fecha del 28 de diciembre, entregada finalmente a Ríodoce por la SAyF el 4 de febrero como parte del expediente del procedimiento de adquisición.
“La adquisición de los vehículos y el equipamiento señalado pretende proporcionar medios más seguros para atender de manera eficaz los operativos, mejorando la capacidad de respuesta e incremento de patrullaje para disuadir la incidencia”.
“Que estas adquisiciones son prioritarias, ya que con ellas reduce el déficit existente y se logra sustituir el parque vehicular que tiene seis años y más en uso y que su mantenimiento es muy costoso, por ello es urgente que a más tardar el 31 de diciembre del presente año se concluya el proceso de adquisición”.
El acta del Comité Intersecretarial de Adquisiciones cita así la minuta de trabajo del proceso de entrega-recepción, realizada el 6 de diciembre, en la que participaron Gerardo Vargas Landeros y Armando
Villarreal, representantes del entonces gobernador electo, y Quirino Ordaz Coppel, secretario de Administración y Finanzas, e Ismael Carreón Ruelas, director de Bienes y Suministros de la SAyF, por parte del gobierno saliente.
Adquisición directa para “no alterar el orden”
De acuerdo con el acta de la sesión 06/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado, sus integrantes decidieron realizar la adquisición directa a favor del Nalo Félix, justificándose en los artículos 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones.
“La Secretaría y entidades —reza el artículo 51—, previa autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.
“Su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.
El expediente en poder de Ríodoce incluye cuatro cotizaciones que al parecer analizó el Comité Intersecretarial para tomar una decisión, la cual al final fue a favor de Culiacán Motors, del Nalo Félix, por proponer mejor precio y tiempo de entrega.
El Comité Intersecretarial de Adquisiciones del gobierno saliente estaba conformado por Quirino Ordaz Coppel, ex titular de la SAyF; Rafael Oceguera Ramos, ex secretario de gobierno; Rubén Rocha Moya, ex coordinador de asesores; Pedro Estrella Robles, ex secretario de Contraloría; Natividad Madrid Uriarte, ex secretario de Asuntos Jurídicos, e Ismael Carreón Ruelas, ex director de Bienes y Suministros.
Todo el proceso comenzó el 6 de diciembre del año pasado con el llamado “urgente” de Malova y concluyó el 30 de enero con la firma de contrato con Culiacán Motors.
«Sobraba dinero»: Yamuni
Norma Sánchez
Que el Gobierno de Sinaloa haya otorgado la orden de compra de poco más de 54 millones de pesos al padre empresarial del gobernador es “mera coincidencia”: “Había un subejercicio de recursos, urgían las patrullas y Nalo Félix, el proveedor, cumplía todos los requisitos”, insiste en entrevista Juan Pablo Yamuni, jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.
—¿Qué facultades legales tuvo el Gobierno para dar esta orden de compra sin que mediara una licitación?
(Yamuni interrumpe)
—No, ahorita no te lo puedo decir, no tengo a la mano el expediente. El caso es que es un asunto de seguridad, la premura del tiempo lo urgía, incluso se justificaba. Fue algo tratado con el Consejo de Seguridad Estatal, y la premura del tiempo permitió que se hiciera la licitación por invitación y se pidieron por lo menos tres proveedores, y creo que hubo hasta cuatro.
—El asunto aquí es que coincide en que la compra se le da al “padre empresarial” del gobernador Malova.
—Sí, pero Sinaloa es muy pequeño. Finalmente, ¿cuántos distribuidores de automóviles hay, y de ese tipo de automóviles?
—Pocos.
—Sí, son pocos. De hecho esa es una de mis labores, asegurarme de que no sea el negocio de una persona específica (la que se beneficie por la persona), sino que no se dañe el patrimonio del estado por ese tipo de relaciones, y esa es una de las principales encomiendas del gobernador hacia mí.
—¿Y no sucedió en este caso? (que se haya beneficiado intencionalmente al proveedor)
—No, no. Ve la información. La empresa Félix… (titubea) Culiacán Motors, cumplió con los requisitos.
—Pero, ¿por qué la premura?
—Porque los recursos estaban, había un subejercicio y necesitábamos las patrullas ya, empezar el sexenio con ellas.
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