jueves, 17 de febrero de 2011

Padrino caro

Francisco Cuamea
Publicado en el semanario Ríodoce el 23 de enero de 2011

Una idea durante el periodo de transición se convertirá en un ingreso de 50 millones 899 mil pesos para el “padre empresarial” del gobernador Mario López Valdez, Leonardo el Nalo Félix Gutiérrez.

A inicio de noviembre, Armando Villarreal Ibarra y Gerardo Vargas Landeros, actuales secretarios de Administración y Finanzas y de Gobierno, expusieron al entonces tesorero estatal Quirino Ordaz Coppel el programa de adquisición de 90 patrullas, argumentando la necesidad de equiparse desde temprano para realizar operativos policiales el mismo enero.

Así lo platicó la terna que conformó el equipo de Entrega-Recepción a finales del año pasado.

“Cuando nosotros vimos la necesidad de equiparnos para desde los primeros días de enero empezar con operativos —cuenta Villarreal Ibarra—, pues platicamos con el equipo de transición del gobernador Aguilar, le dijimos: Oye, traemos esta preocupación, ¿cómo nos puedes echar la mano?, ¿cómo podemos hacer algo?”.

“Y ellos fueron los que nos dijeron: vamos revisando el Fondo (de Aportaciones para la Seguridad Pública), cuánto nos queda, y de ahí vemos para cuánto nos alcanza y los asignamos en ese programa que ustedes van a entrar”.

“Entonces, fue a invitación del Equipo de Transición, pero el que hizo toda la operación y todo el procedimiento de compra fue el gobierno saliente”, expresa el actual tesorero.

Ante la invitación del equipo de Malova, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla hizo la orden de compra para Culiacán Motors, empresa del Nalo, por 90 camionetas Cheyenne ya equipadas, cuyo monto alcanza los 50 millones 899 mil pesos.

En la primera remesa se compraron 25 unidades, de las cuales, al menos 20 fueron enviadas a Mazatlán el domingo 16 de enero para transportar al centenar de elementos de las unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado enviados para participar en operativos en coordinación con el Ejército y la Armada.

Por las primeras 25 unidades Chevrolet, el Gobierno estatal pagó 14 millones 138 mil 611 pesos. Será la actual administración la que tendrá que liquidar 36 millones760 mil 389 pesos por las 65 restantes.

—¿Y ese resto la va a pagar este sexenio? —se le pregunta al Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra.
—Sí, las vamos a pagar nosotros como muchas cuentas que nos dejaron de la administración pasada. Este es uno de ellos (compromisos). Se dejó documentado, se dejó procesado, se dejó, quiero entender legalizado, y hay que cumplirlo. Que coincide que es el “padre empresarial”, pues coincide.

EL PADRE PROVEEDOR

Después de dos días de solicitar e intentar la entrevista, Armando Villarreal Ibarra nos recibe en su despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El librero a su espalda aún tiene pocos libros. Se muestra educado, dado a la conversación y hasta promete que será transparente.

“Apunta mi celular, todavía es de Mochis”, dice quien fue secretario y luego tesorero del Ayuntamiento de Ahome en el trienio de Malova.

Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el tesorero estatal informa sobre el Programa de Adquisición de 90 Patrullas.

—¿Entonces fue por licitación o por invitación?
—Fue por invitación.

—¿Cuántas patrullas se compraron en esta primera remesa?
—En esta primera remesa fue las que echamos a andar, sacamos 25, desconozco cuántas se fueron a Mazatlán.

—El proyecto incluye 90 patrullas, pero no se han comprado las 90 patrullas…
—No, no se han comprado.

—¿Se han comprado 25 nada más?
—Sí, las que nos entregaron ahora hace unos días.

—¿Se las entregaron hoy en enero?
—Así es, exacto.

—¿Esas patrullas cuánto costaron?
—(Con calculadora en mano) Si son 50, 899 (pesos) entre 90 por 25, 14 millones 138 (mil 611 pesos). Ya están equipadas, traen radios de los que usa la Policía, traen su torreta, algunas traen winch (cabrestante), otras traen burreras…

—¿Quién las equipó?
—El mismo proveedor de las patrullas, la invitación era que las tenía que entregar equipadas.

—¿Y quién es el proveedor?

—El proveedor es Félix Automotores… bueno, no; aquí se llama… este…

—¿Culiacán Motors?
—Culiacán Motors, ¿es el que está por la Zapata?

—Sí
—Culiacán Motors, así es.

—¿Entonces a él nada más le van a comprar las 25 patrullas o le van a comprar las 90?

—Sí, la orden de compra le salió por las 90.

—¿Y el total de la orden de compra cuánto es?
—Son 50 millones 899 mil pesos. Ya equipadas.

La historia narrada en chevroletculiacanmotors.com.mx, sitio de Culiacán Motors, establece que la empresa pertenece al grupo cuyo origen común se da en Leonardo Félix Gutiérrez, quien en sus inicios como empresario abrió Ferretería Félix en 1964.

“De aquí se van formando las bases para entrar en el negocio de la distribución de automóviles nuevos, hecho que se concreta en el año de 1986 al obtener la concesión por parte de General Motors para distribuir automóviles inicialmente en las ciudades de Los Mochis y Guasave conformando las empresas Félix Automotores y Félix Automotriz”, consigna la reseña oficial de Culiacán Motors.

“Fue hasta el año de 1998 cuando se da la oportunidad de abrir una nueva concesionaria en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; es en este momento cuando se conforma la concesionaria que actualmente conocemos como Culiacán Motors”.

El Nalo Félix es públicamente reconocido como quien apoyó a Malova para que iniciara su trayectoria como empresario en 1984, cuando fundó las ferreterías Malova.

El mismo gobernador lo ha mencionado en el pasado como su “padre empresarial”. La más reciente fue el 18 de diciembre, durante la comida en Las Lichis, huerta de la familia Salido, propietaria de la cadena El Debate.

“El próximo mandatario de Sinaloa resaltó una vez más la presencia y apoyo de Juan S. Millán y Leonardo Félix, a quienes ha considerado sus padres, el primero en la política y el segundo en el ramo empresarial. También recordó a su padre biológico”, consigna la crónica publicada en el mismo diario.

En entrevista a Noroeste del 29 de diciembre, Félix Gutiérrez advierte sobre las presiones a López Valdez de quienes quieren cobrar la factura.

“Yo creo que muchos quieren cobrar la factura, algunos con buenas intenciones, otros con intenciones de corrupción, no creo que todo sea limpio, no, pero de que tiene ahorita el pobre de Mario (presiones), debe andar con la cabeza así (grande)”, declaró entonces.

Luego de confirmar que el proveedor beneficiado con la orden de compra por medio de invitación y no licitación es Félix Gutiérrez, el tesorero Armando Villarreal Ibarra se deslinda.

—Esta empresa (Culiacán Motors), ¿no es del señor al que le dicen Nalo Félix?
—Sí, sí es de él. Sí, sí es de él.

—¿Y ahí qué se puede explicar, interpretar, comprender, porque es el “padre empresarial” (de Malova)?
—Como tú gustes, no sé, tú eres el periodista, tú eres el que va a hacer la nota. Tú revisa… acuérdate que la compra no la hicimos nosotros, tienes que tomar en cuenta eso. Tú revisa el procedimiento, no creo yo que esté algo mal hecho, y si está, tú te vas a dar cuenta.

Una invitación al margen de la normatividad

“Tú revisa el procedimiento”, reta Villarreal Ibarra.

Ese procedimiento, según el testimonio del Tesorero estatal, es el otorgamiento de una orden de compra por medio de una invitación al “padre empresarial” de Malova para que surta 90 camionetas al Gobierno estatal por un monto unitario de 565 mil 544 pesos.

De entrada, tal mecanismo no pudo revisarse porque el secretario de Administración y Finanzas no entregó la documentación comprobatoria, a pesar de haberse comprometido a ello y de estar obligado a entregarla por estar catalogada como información mínima de oficio en la Ley estatal de Acceso a la Información Pública.

En Sinaloa también existe la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles que regula la contratación, gasto y control en materia de compras, entre otras cosas, por parte de las entidades públicas.

El artículo 25 de dicha legislación crea el Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, el cual tiene como una de sus atribuciones fijar anualmente los montos que aplicarán para la contratación.

Hay tres maneras como el Gobierno puede hacer contrato de compras: mediante licitación pública, por invitación a proveedores o en forma directa a un solo proveedor.

De acuerdo al acta 01/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, los topes de compras por el método de invitación a proveedores fueron fijados de los 800 mil un peso a los 2 millones.

Mientras que las adquisiciones que rebasaron los 2 millones un pesos debieron ser adjudicadas mediante concurso a través de una convocatoria pública.

Sin embargo, aun cuando la erogación por las unidades del Nalo Félix superaron con mucho el tope, tanto los 14.1 millones de pesos que se pagaron por la primera remesa de 25 camionetas, como los 50.8 millones de pesos que suma el total de la operación, esta no fue licitada.

No encuadran, pues, con los topes legales. Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas intenta dar una explicación, aunque insiste en que la operación no estuvo a cargo del actual gobierno.

—Las cantidades arriba de 2 millones de pesos tienen que ser por convocatoria a licitación pública…
—Ahí ellos (la administración de Jesús Aguilar Padilla) encontraron una metodología. Sería irresponsable platicártela, no la conozco. Ellos encontraron una metodología que de acuerdo a la ley, por el tipo de producto, por estrategia de seguridad, por cuestiones… los facultaba hacerlo de esa manera. Yo no creo que el gobierno anterior se haya aventado ese procedimiento de compra rompiendo la ley. Hay que verlo, necesitamos meternos a ese procedimiento.

Para los procedimientos de compra por medio de invitación a cuando menos tres personas, el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones obliga a las dependencias públicas del Estado a difundir ésta a través de Compranet-Sinaloa.

Sin embargo, en una revisión del sitio compranet.gob.mx, en el que se encuentran incluidos los de los estados, no aparece registro de dicho mecanismo para la adquisición de las 90 patrullas, desde el 1 de noviembre de 2010 a la fecha. Tampoco en las ediciones del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa durante el mismo periodo.

En el caso de las empresas del Grupo Félix, solamente aparecen en Compranet, registro oficial sobre procedimientos de adquisiciones y obras públicas, dos contratos de Félix Automotores con la Administración Portuaria Integral de Topolobampo que suman 859 mil 692 pesos, y otro más con Pemex Refinación de 20 mil pesos por el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de servicio.

Culiacán Motors aparece registrado como proveedor del Gobierno, pero sin contratos vigentes.

NO ES JUSTO: VILLARREAL

Durante la charla, Villarreal Ibarra insiste en que el Equipo de Transición de Malova fue el de la idea del Programa de Adquisición de 90 patrullas, pero que el gobierno saliente, el de Aguilar, fue el que hizo toda la operación.

En dicho procedimiento incluye la invitación al proveedor Nalo Félix, el “padre empresarial” de Malova, lo cual califica como coincidencia.
“Como si averiguas para atrás, a lo mejor a ellos le coinciden muchas cosas también, a los que salieron. Porque no es justo que un gobierno nuevo que trae mucha energía, que trae muy buenas cartas de capacidad de trabajo y de honestidad lo estén cuestionando tanto y de los que se fueron nadie habla de ellos”, defiende.

“Yo te digo que estoy en la mejor de las disposiciones, esta operación no nos cuenta a nosotros, nosotros no hemos comprado más que energía eléctrica, gasolina, nómina que pagamos el día 15, es todo lo que hemos comprado”.

TOPES DE LEY

Los topes para las compras fueron fijados el 15 de enero del año pasado por el Comité Intersecretarial de Adquisiciones. El gobierno entrante aún no lo hace.

Montos de compra


Desde Hasta Procedimiento

$0 $40 mil Compra directa
$40 mil 1 $800 mil Cotización de proveedores
$800 mil 1 $2 millones Invitación a proveedores
$2 millones 1 En adelante Licitación pública

Fuente: Acta 01/2010 del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.



Va la primera del malovismo…

Esconden información pública

Francisco Cuamea

La Secretaría de Administración y Finanzas dio marcha atrás a la entrega de documentación comprobatoria relacionada a la compra de 90 patrullas a Leonardo Félix Gutiérrez y cuyo monto alcanzó los 50.8 millones de pesos.

Durante la entrevista con el tesorero Armando Villarreal Ibarra se le reiteró en distintas ocasiones la solicitud de documentos que sustentaran su declaración, para conocer los detalles del procedimiento de dicha millonaria adquisición.

—¿Tiene esos datos, el número de la invitación, el detalle de la invitación?
—No los tengo conmigo, pero te los consigo, no hay problema. O ahí en Adquisiciones te lo conseguimos. Yo te doy el mecanismo y ya los datos duros te ayudo a que los tengas.

Al secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Malova se le hizo hincapié que dichos documentos pueden ser pedidos sin que medie solicitud porque la información sobre adquisiciones está catalogada como mínima de oficio, es decir, están obligados por ley a darla a conocer.

“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que esta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga”, cita el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

El artículo 9 de la misma legislación especifica que las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, la información relacionada con obras públicas, compras, proveedores, contrataciones, pólizas de cheques, entre otros documentos.

“Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios”, obliga a entregar al ciudadano el inciso D del mismo artículo.

Villarreal Ibarra encargó a su secretario técnico que consiguiera las copias de los documentos que sustenten la operación en la que se giró la orden de compra por los 50.8 millones para Culiacán Motors, empresa del Nalo Félix.

Tres horas después, vía telefónica, este mismo funcionario informaba que el tesorero pedía que dicha documentación se pidieran por medio de una solicitud, para no “interrumpir los flujos de acceso a la información”.

Se le pidió que por medio de correo electrónico enviara una notificación oficial con la negativa y su exposición de motivos, más el logotipo del Gobierno del Estado.

Al cierre de esta edición no ha sido enviada.

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