Compras que huelen mal

Norma Sáchez

Reportaje publicado en Ríodoce edición del domingo 20 de febrero

Adquisiciones Aguilar-Malova a la Auditoría Superior del Estado

Los dos contratos que suman 120 millones de pesos y que el Gobierno de Sinaloa entregó sin mediar licitación pública, uno de ellos al padre empresarial del gobernador Mario López Valdez, deberán ser investigados por los órganos de fiscalización del estado.

A petición de diputados locales, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal tendrán que aclarar las sospechas de presuntas irregularidades en órdenes de compra a favor de las empresas Culiacán Motors y El Ofertón del Pacífico, un día antes de que Malova asumiera su cargo oficial.

El diputado del PAN, Carlos Felton, señaló que la adquisición de 90 patrullas a Culiacán Motors y de 700 lotes de equipo de seguridad a El Ofertón del Pacífico “al cuarto para las doce”, es un hecho que “huele mal desde el inicio”.

“Yo lo que te puedo decir es que de entrada huele mal, huele mal por la fecha en la que se hizo, el último día prácticamente del gobierno anterior. Huele mal por el monto, estamos hablando no de cacahuates, estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Cantidades importantes que llaman la atención, que realmente no hubiera pasado nada si se compran el 30 ó el 5 de enero, ya con la nueva administración”, apuntó.

Su homólogo del Panal, Manuel Cárdenas Fonseca, giró el jueves peticiones formales a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Rosa Elena Millán, y al titular de la ASE, Marco Antonio Fox Cruz, para que se abra una investigación del caso y se aclaren los fundamentos en los que el Comité Intersecretarial se amparó para autorizar las adquisiciones.

Culiacán Motors, propiedad de Leonardo Nalo Félix, “padre empresarial” de Malova, obtuvo un contrato de 50.8 millones de pesos por la venta de 90 patrullas. Mientras que a la empresa, posiblemente fantasma, El Ofertón del Pacífico, le entregaron un contrato de 70 millones aproximadamente por la venta de equipo de seguridad, aunque su giro comercial principal son los colchones.

Advierte diputado acuerdo Aguilar-Malova

El diputado del PRD, Javier Corvera, acusó un posible acuerdo entre el ex gobernador priista Jesús Aguilar Padilla y su sucesor Mario López Valdez, este último emanado de la coalición PAN-PRD-Convergencia-PT, y cuestionó las promesas de cambio que ofreció a los sinaloenses.

“Es evidente que ambos, el gobierno entrante con el gobierno saliente, llegaron a un acuerdo para aplicar esos recursos. Que se antoja que hay visible corrupción en virtud de que por el monto de los recursos erogados cuando menos debió haberse licitado. Ese es el cuestionamiento”, señaló.

Los diputados del PRI y Convergencia, Cenovio Ruiz y Felipe Manzanárez, no se comprometieron a revisar el caso.

“Qué mal fue eso. Van a escuchar mi posición ya que tengamos la información pormenorizada sobre el asunto, ya que venga la cuenta pública y veamos cómo se dieron las cosas”, señaló Ruiz, coordinador de la fracción priista del Congreso.

“Mi compromiso personal y del grupo parlamentario del PRI es que las cosas se hagan con transparencia. En ese y cualquier caso, no me quiero circunscribir a un caso específico, el compromiso es general”, dijo.

Por su parte, el diputado del PRD, cuestionó “el cambio democrático” prometido por Malova y adelantó que estará vigilante al desenlace de este caso.

“Lo que nos queda a nosotros es estar al pendiente en la revisión de las cuentas y exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que haga una revisión exhaustiva con respecto a la adquisición sin licitación pública de esos automóviles que se presume fueron con dedicatoria a los amigos del gobernador entrante, Mario López Valdez.

Señaló que con acciones como estas, Malova demuestra que “sigue siendo priista”, por el cambio respecto a los actos de corrupción con los que prometió acabar.

“Sigue actuando como priista, ese es el problema. Nosotros vemos que si croa croa como pato, camina como pato, nada como pato, sí es priista”, dijo Corvera.

Manzanarez, por su lado, afirmó que el contrato sí tiene fundamentos legales.

La excusa insostenible

Los fundamentos en los que se amparó el Comité Intersecretarial del Gobierno de Sinaloa para autorizar los contratos a Culiacán Motors y a El Ofertón del Pacífico, son injustificables, señaló el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Panal.

En el acta de sesión 06/2010, celebrada el 28 de diciembre, tres días antes de que Malova tomara posesión, quedó asentado que las adquisiciones se autorizaron de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

En ellos se establece la excepción de otorgar de manera directa un contrato cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor” o, cuando “su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

El diputado Cárdenas Fonseca fue tajante al afirmar que tales argumentos no tienen fundamento.

“Es evidente que hay que tomar varias cosas en consideración. Efectivamente ni la fracción II ni la fracción IV son suficientes. ¿Por qué? Porque el acta la celebran el 28 de diciembre a las 14:00 horas, a esa hora cierran el acta, y la compra se hace supuestamente el 31 de diciembre en la tarde. En ningún momento en esos tres días estaba en peligro el orden social. Tampoco estaba en peligro la economía del estado, mucho menos los servicios públicos, la salubridad, la seguridad. ¡Vaya!, no teníamos ni consecuencias de un caso fortuito de fuerza mayor”, cuestionó.

“Lo que sí teníamos era la muy pronta trasmisión de poderes. Y es curioso que si usted se va a la propia acta, en el desahogo del orden del día, antes que argumentar, antes que fundar una razón de excepción, y ya no se diga que respecto a licitación pública, pusiera en riesgo la seguridad pública. ¿Pues, cómo va a poner en riesgo la seguridad pública la compra de vehículos? ¿En 72 horas casi? ¡Pues ni el Ministerio Público! Ni el plazo que tiene el Ministerio Público.

Tan no estaba en riesgo nada que la trasmisión de poderes se dio en la mayor tranquilidad”.

Cárdenas Fonseca concluyó retando al procurador de Justicia: “Los escritos procurador de Justicia, competente en el caso, tenemos que conocerlos también, todo lo que motivó esta sesión y el levantamiento de esta acta. ¿Dónde está un diagnóstico de que había un movimiento social que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, para que no se presumiera que iba a haber una trasmisión de poderes pacífica?”.

Para el diputado de Convergencia, Felipe Manzanárez, en cambio, la adjudicación de los contratos sí se fundamentan.

—¿Haber hecho licitación pública sí ponía en riesgo la seguridad pública?
—Yo creo que sí, porque como se incrementaron los índices delictivos a fin de año pasado, hay que darle a las fuerzas policiales los instrumentos de trabajo, además una licitación requiere un procedimiento, lleva tiempo, es un proceso que te puede llevar semanas o meses. Es que cuando tú como gobierno tienes que tomar decisiones, lo más pronto posible sin violar la ley.

El diputado se refirió a la urgencia de usar los recursos públicos al señalar que había un subejercicio.

“Mi interpretación jurídica es que (la decisión) sí se acogió a la ley, pues se alteraba la seguridad”, concluyó.

El Ofertón... ¿empresa patito?

El caso de El Ofertón del Pacífico despertó suspicacias por su peculiar nombre que no concuerda con una empresa “seria” que vende equipo táctico de seguridad, opinó el diputado del PAN, Carlos Felton.

De acuerdo a una orden de compra en poder de Ríodoce, esta empresa vendió al Gobierno de Sinaloa 70 millones de pesos en lotes de equipo especializado, cuando su principal giro comercial son los colchones.

“También llama mucho la atención el nombre de una de las compañías”, observó Felton, “El Ofertón del Pacífico me suena más como importadora, de esas que venden artículos de 15 pesos. Como que fue una compañía que se armó con el único propósito de venderle al Gobierno”.

“Yo creo que sí están varios elementos aquí llamando la atención, suficiente para que se haga una indagatoria a fondo que justifique su quehacer. Yo en lo personal traigo quejas, traigo reclamos a la Auditoría Superior del Estado, al auditor (Marco Antonio Fox Cruz), en el sentido de que no se le ha visto que señale situaciones que a todas luces (son) irregulares en el estado”.

“Se está tardando el área correspondiente ante una denuncia explícita para hacer la auditoría y emitir el resultado”, señaló Felton.

CRONOLOGÍA

6 de diciembre. Reunión de trabajo de la Comisión de Enlace del gobernador electo, Mario López Valdez, y el presidente del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Quirino Ordaz Coppel, ex tesorero estatal. Ahí, Armando Villarreal Ibarra y Gerardo Vargas, actuales secretarios de Administración y Finanzas y de Gobierno, emplazan al gobierno saliente a comprar las 90 patrullas y los 700 lotes de equipo de seguridad, a más tardar el 31 de diciembre.

9 de diciembre. El Consejo Estatal de Seguridad Pública autoriza la reprogramación de recursos de los ejercicios presupuestales de 2007, 2008, 2009, 2010 y rendimientos financieros para la adquisición de vehículos equipados como patrullas para la SSP y la PGJE. Acuerdo 06-01-10.

10 de diciembre. El ahora ex procurador de Justicia, Alfredo Higuera Bernal, mediante oficio 000726, solicitó al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública la liberación de recursos con cargo a los ejercicios presupuestales mencionados para la compra de las patrullas.

13 de diciembre. Herman Leuffer, ex secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas que inicie con el trámite de la compra, a petición del ex procurador.

13 de diciembre. La Comisión de Equipamiento y Tecnología del Comité Técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública emite el dictamen EQU-338/2010, considera procedente la petición del procurador.

23 de diciembre. Aparentemente, la Secretaría de Administración y Finanzas solicita cotizaciones de camionetas equipadas a cuatro empresas: Cajeme Motors; Distribuidora Automotriz Los Mochis Agencia Guasave; Palma Automotriz de Mazatlán y Culiacán Motors.

28 de diciembre. Responden las cuatro empresas.

28 de diciembre. El Comité Intersecretarial firma acta de sesión (06/2010) en la que se aprueba la adquisición de manera directa, sin licitación para “no alterar el orden público”, de 90 unidades de transporte tipo pick up equipadas como patrullas a las empresa Culiacán Motors y 700 lotes de equipo especializado con la empresa El Ofertón del Pacífico.

30 de diciembre. Firman el contrato GES 105/2010 Culiacán Motors y el Gobierno de Sinaloa.

31 de diciembre. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado expide la orden de compra por 50.8 millones de pesos a favor de Culiacán Motors por 90 camionetas equipadas como patrullas y otras dos, la número Foseg 0001 y Foseg 000194, por 70 millones de pesos a favor de El Ofertón del Pacífico para la compra de 700 lotes de equipo de seguridad, incluyendo 30 computadoras portátiles de 62 mil pesos cada una.

31 de diciembre. Mario López Valdez rinde protesta como gobernador de Sinaloa.

Incumple el Nalo Félix con plazo de entrega de patrullas

El desacato

Francisco Cuamea

A pesar de que fue beneficiado con una orden de compra de 50.8 millones de pesos, Leonardo Félix Gutiérrez, padre empresarial de Malova, incumplió el plazo de entrega de las 90 patrullas, el cual era definitivo.

De acuerdo con el contrato GES 105/2010 entre Culiacán Motors, propiedad del Nalo, y el Gobierno del Estado, las unidades debieron ser entregadas a más tardar el 20 de enero, sin embargo, en los patios de la Procuraduría General de Justicia del Estado solamente recibieron 25 camionetas tres días antes de esa fecha, como consta en el acta de entrega-recepción.

“La empresa se obliga a entregar al Estado las unidades objetos del presente contrato (las 90 camionetas equipadas), a más tardar el día 20 de enero de 2011. Dicho plazo no podrá ampliarse”, estipula la cláusula quinta alusiva al lugar y plazo de entrega.

En el acta de entrega-recepción solicitada por Ríodoce a la PGJE mediante una solicitud de información vía Infomex, se consigna que fueron solamente 25 patrullas las que entregó Culiacán Motors, las cuales suman un total de 14 millones 20 mil 378 pesos.

“En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 PM del día 17 de enero de 2011 se reunieron, por una parte, el C. Jesús Manuel López López, representando a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y por otra parte el C. José Manuel Saucedo Torres, representando a la empresa Culiacán (Motors)”, se lee en el documento firmado al final por ambas personas y con el logo de la empresa automotriz.

Ríodoce solicitó copia del acta o actas, según las que existan, de entrega recepción de las patrullas compradas a la empresa Culiacán Motors y que debieron recibirse en las oficinas de la PGJE porque el contrato estipula dicho lugar para ello. Solamente se entregó una que refiere 24 camionetas equipadas.

También solicitó entrevista con Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, para precisar las penalizaciones que Culiacán Motors podría haber recibido por el incumplimiento del contrato, pero no fue otorgada ni se recibió una explicación de la negativa.

Para decidir la adquisición directa que benefició al Nalo, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla también consideró el tiempo de entrega que prometió Culiacán Motors, el 20 de enero, porque a Malova le “urgía”.

Las otras tres cotizaciones que aparentemente el gobierno saliente solicitó el 23 de diciembre, recibió el 28 del mismo mes y “estudió”, establecían estas fechas de entrega: Cajeme Motors, el 31 de enero; Distribuidora Automotriz Los Mochis Agencia Guasave, el 21 de febrero, y Palma Automotriz de Mazatlán no lo refirió.

El tiempo fue uno de los pretextos para decidir la compra a favor del padre empresarial de Malova, ya que al entonces gobernador electo emplazó al saliente a adquirir las 90 patrullas y los 700 lotes de equipo de seguridad que sumaron 120 millones de pesos.

“Que estas adquisiciones son prioritarias, ya que con ellas reduce el déficit existente y se logra sustituir el parque vehicular que tiene seis años y más en uso y que su mantenimiento es muy costoso, por ello es urgente que a más tardar el 31 de diciembre del presente año se concluya el proceso de adquisición”, fue el posicionamiento de Mario López Valdez, según consta en el acta de la sesión del Comité Intersecretarial de Adquisiciones del 28 de diciembre.

Pero según consta en los documentos, parece que la prisa no fue para tanto, pues solamente se entregaron 25 patrullas antes del plazo legal establecido en el contrato.

FECHA DE ENTREGA

20 de enero. Entrega de 90 camionetas equipadas que promete cotización de Culiacán Motors.
20 de enero. Contrato GES 105/2010 entre el Gobierno estatal y Culiacán Motors que obliga entrega de 90 camionetas equipadas en ese plazo.
17 de enero. Entrega de 25 camionetas equipadas en la PGJE por parte de Culiacán Motors.


La pálida y sospechosa defensa del diputado Manzanares

“Contrato a Culiacán Motors no es delito”

Norma Sánchez

Que se le haya adjudicado el contrato por 50.8 millones de pesos a Leonardo Félix Gutiérrez, padre empresarial del gobernador, no es “un delito” ni un hecho “condenable”, pues no tiene nada de malo que Mario López Valdez corresponda al empresario las atenciones que este tuvo para con él en su tiempo, dijo el diputado de Convergencia, Felipe Manzanárez.

—(Félix Gutiérrez) es su “padre empresarial”...
—Yo no le veo nada malo a eso. Igual se lo puedes comprar a la empresa A como a la empresa B, ese para mí no es el tema.

—Aunque se vea mal, porque se le esté beneficiando…
—Te voy a decir una cosa: el problema no es que se le compre a A o a B. El problema es si no se hizo el procedimiento, ahí tienes un problema. Hay que hacer las cosas con un procedimiento. El tema 2 es si lo que estás comprado es a precio correcto, no inflando; si lo que estás comprando tiene calidad. Pero que si se los compra a la empresa del señor Leonardo Félix para mí no es problema, porque si te vas otros sexenios, la empresa que tenía la mayora cantidad de venta era la competencia. Hay dos empresas de distribuidoras, habrá que ver qué marca… ¿Es Chevrolet, no?

—Es Culiacán Motors la empresa.
—Ok esa es una empresa A, y la empresa B es Premier.

—¿Usted no le ve a eso inconveniente, aunque sea el padrino del gobernador? ¿No le suena a beneficiado? ¿No le suena a influyentismo? ¿No le suena a corrupción?
—No, no, no, de ninguna manera, porque cuando hablamos de corrupción estamos hablando de conductas que están fuera de la ley o de beneficios ilegales para obtener algo.

Manzanárez, también dirigente estatal del partido Convergencia, señaló que a la empresa Culiacán Motors le da su” voto de confianza” porque es una empresa que él conoce como “seria”. En el caso de la empresa El Ofertón del Pacífico, admitió que su deber como diputado está en comunicarse con los legisladores presidentes de la comisiones de Fiscalización y de Hacienda, para que analicen el caso de las compras, pues a ellos les compete por ser un asunto relativo al presupuesto.

“La sociedad tiene derecho a saber el procedimiento. Pero yo no veo, y te lo subrayo, que el que le haya comprado vehículos a la empresa Culiacán Motors… no me parece ni que se viole la ley, ni me parece un acto condenable. Si anteriormente se le compraban a la competencia, bueno, pues ahora se le está comprando a otra empresa”, insistió.

—Al padrino del gobernador.
—Pues yo no sé si sea su padrino. Tengo conocimiento que hace muchos años trabajó en su empresa y, al contrario, me parece que malagradecido sería el gobernador si en el momento en el que puede corresponderle atenciones no le corresponda.

—De lo que usted está hablando es de pago de favor, entonces.
—No, de ninguna manera. Estoy hablando que el gobernador corresponde atenciones que en su tiempo... si él fue su patrón, si es su amigo, si lo que sea, eso para mí no es delito ni problema.

—¿No hay ninguna ley que lo castigue?
—No, de ninguna manera. Si en el otro sexenio, o en los últimos dos sexenios, la empresa que se privilegiaba era Premier, yo no veo mal que al cambiar de administración se cambie de proveedor.